Álvaro Elizalde, ministro de la Segpres, tomó la voz del gobierno y anuncio que ingresaron un veto presidencial al proyecto que busca que las elecciones de octubre se realicen durante dos días.

Durante el martes, el Senado había rechazado el informe de la comisión mixta sobre la iniciativa que va con miras a las próximas votaciones municipales y regionales.

Así, este martes en un punto de prensa, el funcionario de La Moneda detalló que jugada se realizará durante la próxima semana, según consignó BiobíoChile.

Durante la semana pasada, el Congreso no llegó a acuerdo respecto a ciertas aristas de la norma en proceso, como los montos por las multas por no asistir a sufragar si excusarse y la rebaja en los dineros de devolución por voto a los candidatos.

Mientras, los parlamentarios se encuentran en semana distrital, por lo que la tramitación del veto quedaría para el lunes 22 de julio.

En tanto, según informó CNN Chile, el veto sería de tipo aditivo, es decir, que agrega algunas materias a la norma.

El ministro admitió que los plazos son “acotados”, en vista de que la última semana de julio son las inscripciones de las candidaturas, “pero con un tiempo lo suficientemente distante de las elecciones para que se pueda aplicar”, cerró.

¿De qué trata el veto?

El punto conflictivo del proyecto estaría en el artículo 14 de la Constitución, informó La Tercera, al conceder derecho a voto a extranjeros “avecindados en Chile por más de cinco años”, sin contar con la nacionalidad ni ser “ciudadano chileno”, considerando que esta norma data de la década de 1980, con una realidad migrante muy dispar a la actual.

La vigente normativa indica que los migrantes “podrán ejercer el derecho de sufragio”, sin distinciones, lo que eventualmente volvería complejo el cobro de multas a quienes no se presenten a votar sin excusarse.

Los vetos son una atribución del Presidente de la República ante los proyecto de ley, pudiendo ser de rechazo o cambio de alguna arista de la iniciativa, con el fin de que sea otra vez sometida a discusión en el Congreso; es decir, a diferencia de lo que sugiera la palabra, no es una prohibición.

En este caso, al tratarse de un veto aditivo, el gobierno buscaría añadir un texto al proyecto con el fin de precisar algún punto de la norma, tras lo cual el Congreso debe aprobar o no estas observaciones.

“Es básicamente un veto para establecer una sanción (multa) a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones”, planteó Elizalde sobre el espíritu de la medida, según consignó Meganoticias. “La sanción se aplica a los ciudadanos, y para ser ciudadano hay que ser chileno”, declaró sobre la postura desde La Moneda.