Deberá firmar y no podrá salir de Chile: las cautelares para el “embajador” de la República de Lemuria
El chileno de 51 años fue formalizado tras ser detenido en Lampa con patentes de entidades ficticias y documentos que presentó para identificarse como supuesto representante diplomático.
Con firma mensual y arraigo nacional quedó el hombre de 51 años detenido este lunes en Lampa, luego de identificarse ante Carabineros como ciudadano de la ficticia “República de Lemuria”.
Las medidas cautelares fueron decretadas durante su formalización, instancia en que además se estableció un plazo de 90 días para la investigación. Durante ese periodo, el imputado no podrá abandonar Chile.
El fiscal adjunto Alejandro Sánchez explicó que el hombre fue formalizado por conducir un vehículo con placa patente falsa, alterada o correspondiente a otro automóvil, además del delito de ocultación de identidad.
La detención ocurrió durante una fiscalización de Carabineros en la Ruta 5 Norte. Los funcionarios detectaron un automóvil que circulaba con placas azules que incluían la palabra “embajada”.
Al revisar las patentes, los policías constataron que correspondían a la denominada “República errante de Menda”, una entidad inexistente. El conductor, en tanto, aseguró pertenecer a la también ficticia “República de Lemuria”.
Durante el control, el hombre entregó documentos en los que aparecía identificado como “Martín Carlos Adrián Lemurión”. Posteriormente se estableció que se trataba de un ciudadano chileno de 51 años.
Pese a quedar formalizado, el imputado mantuvo su versión tras abandonar el tribunal. “Todos los documentos son legales. Están acá, pero también la parte diplomática también es legal, ¿ya? No es falsa”, sostuvo.
El hombre argumentó que su supuesta nacionalidad se ampara en el derecho de autodeterminación. “No es falsa, sino que es de otra nacionalidad”, afirmó al defender los documentos que presentó durante la fiscalización.
Finalmente, el fiscal confirmó la decisión adoptada por el tribunal: el imputado “quedó sujeto a la firma mensual y al arraigo nacional. Y un plazo judicial de 90 días”, mientras continúa la investigación.
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