El Ministerio Público decidió abrir una investigación administrativa contra un fiscal, debido a posibles negligencias que permitieron a Tomás Antihuen estar en libertad la noche del brutal asesinato de Carabineros en Cañete.

Tomás es sindicado por la Fiscalía como el cabecilla del ataque que terminó con los tres efectivos ejecutados y sus cuerpos quemados en la localidad de Antiquina. El joven de 22 años sigue prófugo, pero su huida de la justicia no es de ahora, sino que se arrastra desde hace más de un año.

Antihuen Santi fue detenido en 2020, acusado de lanzar bombas molotov y provocar el incendio de un vehículo policial en las cercanías del Museo de Cañete. Pasó seis meses en prisión preventiva y luego de una huelga de hambre, salió con arresto domiciliario nocturno, reportó BioBioChile.

Resulta que, según los reportes de Carabineros, el imputado incumplió su arresto en reiteradas ocasiones. Sin embargo, lejos de revertir la medida y ser regresado a una celda, le fue rebajada la cautelar a firma quincenal.

Pero no le importaba nada. Tampoco cumplió con la firma y pese a esta rebeldía, la Fiscalía le ofreció a su defensa la opción de un juicio abreviado. Nunca se presentó a la audiencia.

En marzo de 2023 finalmente un tribunal despachó una orden de detención en su contra, sin embargo, nunca pudo ser ubicado y en abril de 2024, según Fiscalía, Tomás habría liderado el ataque que terminó en uno de los crímenes más violentos de los últimos años.

Fiscal Yáñez en la mira

Esa noche Antihuen debía estar preso y por eso el ente persecutor inició una investigación administrativa en contra del fiscal Juan Yáñez, que habitualmente quedaba a cargo de hechos de violencia en la Provincia de Arauco.

Según reportó BioBio, la indagatoria se abrió el 22 de julio, días antes de la detención de los presuntos autores.

El fiscal regional subrogante del Bioío, Michelangelo Bianchi, explicó al citado medio que “ya se ha designado a un fiscal investigador, quien debe adoptar las medidas de investigación desde el punto de vista administrativo, para esclarecer la eventuales infracciones administrativas que puedan existir en la tramitación ya sea procesal o de fondo en la causa en cuestión”.