A pocos meses del cambio de mando, un flanco administrativo del caso Monsalve sigue abierto al interior del Ejecutivo: la situación laboral de la funcionaria que presentó la denuncia por delitos sexuales en contra del exsubsecretario del Interior.

La mujer permanece con licencias médicas continuas desde octubre de 2024, el mismo mes en que la Fiscalía Centro Norte recibió la denuncia por violación contra Manuel Monsalve.

Tras ser formalizado, Monsalve permaneció seis meses en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, mientras las consecuencias del caso comenzaban a extenderse más allá del ámbito penal.

En marzo pasado, la Compin suspendió el pago de las licencias médicas de la denunciante, lo que motivó una nueva ofensiva judicial. En junio, su abogada penal, María Elena Santibáñez, afirmó que la mujer “estaba muy afectada ya que esa era su única fuente de ingresos”.

El conflicto concluyó hace algunas semanas con un fallo laboral favorable a la funcionaria, que permitió restablecer el pago de sus remuneraciones pese a los reparos del organismo.

Y con ese fallo, la asesora mantiene su vínculo con la Subsecretaría del Interior y continúa con permisos médicos activos, según fuentes de La Tercera.

Quienes conocen el proceso indican que esa relación contractual se extenderá hasta después de marzo, cuando asuma el gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

En ese escenario, la Subsecretaría del Interior ahora señaló que ha dado “estricto cumplimiento con sus obligaciones legales”.

Además, explicó que existe un juicio de tutela laboral en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, de carácter reservado, en el que el Consejo de Defensa del Estado representa a la institución.

Desde la subsecretaría recalcaron que, conforme a la normativa vigente, la situación laboral de la denunciante no puede ser modificada mientras el juicio siga en curso.