Nuevos antecedentes se conocen sobre la serie de irregularidades que tendrían al diputado Joaquín Lavín León a pasos de ser formalizado por la Fiscalía y quedar con medidas cautelares.

En la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía Oriente, no solo se detallan sus maniobras como “alcalde en las sombras” durante la gestión de su esposa Cathy Barriga en Maipú; o las facturas truchas con que habría desviado fondos del Congreso.

En el documento, al que accedió La Tercera, también se detalla un negocio familiar que impulsó utilizando dineros públicos y a sus asesores en horario laboral, con el fin de obtener ganancias particulares.

Se trataba de una plataforma llamada "Socialtazk" que, según aseguró Lavín ante Fiscalía, nunca tuvo otros fines distintos a su labor como diputado. Le proveía servicios web y por eso la pagaba con plata del Congreso.

Sin embargo, el ente persecutor detalló que esa app, asociada a la empresa “Modo 74″, habría escondido un emprendimiento en que estaban involucrados sus hermanos, Juan Pablo y María Estela Lavín León.

Cómo funcionaba el “negocio” de Lavín en el Congreso

Según la investigación, el propio Lavín se dedicaba a captar “clientes” ofreciendo un servicio de la plataforma a más de 70 candidatos de la UDI de todo el país y en plena época electoral, entre 2020 y 2021.

La oferta consistía en que, por medio de "Socialtazk“, cada candidato podía enviar mensajes de texto masivos para hacer campaña, a cambio no de dinero: los clientes debían proporcionarle, “en forma ilícita”, advirtió Fiscalía, las bases de datos de los habitantes de sus comunas.

Es decir, el servicio para los candidatos era gratis, pero debían entregar “información privada de millones de personas que los candidatos obtenían en el desempeño de sus labores públicas”, se lee en la solicitud de desafuero.

¿Para qué quería Lavín esos datos? Aquí es donde entraba a jugar el negocio familiar. De acuerdo a Fiscalía, “el desarrollo de la aplicación fue desde un inicio concebido para la obtención de importantes beneficios económicos y societarios, para él y otros miembros de su familia”, denunció la Fiscalía.

En ese punto, el ente persecutor advierte que Juan Pablo y Estela son públicamente responsables de la empresa Panel Ciudadano, que se dedica al desarrollo de encuestas, estudios de mercado, procesamiento de datos “y en general, todo tipo de servicios informáticos”.

En el documento se indica que el diputado ordenó a su equipo destinar gran parte de sus jornadas a trabajar en el servicio que ofreció a los candidatos UDI y que el monto de la defraudación al Fisco llegaría a los $93 millones de pesos.

Aquel monto sumado a los poco más de $100 millones en facturas ideológicamente falsas, totalizarían cerca de $200 millones defraudados que la Fiscalía imputaría al congresista.