Un ciudadano chileno de 29 años, identificado como Benjamín Huerta Escobar, fue detenido el pasado viernes por Carabineros en el marco de una investigación por tráfico de drogas desarrollada por el OS7 Limarí en la comuna de Ovalle.

El procedimiento se concretó mientras funcionarios policiales ejecutaban una orden de entrada y registro en un domicilio vinculado a la causa. En ese contexto, Huerta Escobar fue sorprendido portando dos ampollas de fentanilo.

Posteriormente, al registrar su vivienda, los efectivos encontraron otras 45 ampollas de la misma sustancia, incautando en total 235 mililitros de esta droga. Tras su detención, fue formalizado por el Ministerio Público y quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

La captura de Huerta Escobar también permitió conocer un extenso historial policial. Según antecedentes recopilados por las autoridades, registra diversos cargos previos por delitos como maltrato de obra a Carabineros, receptación de vehículos motorizados, hurtos y conducción bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Beneficiario de pensión de gracia

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras su detención es que Huerta Escobar fue beneficiario de una de las pensiones de gracia otorgadas por el Estado a personas afectadas durante el estallido social de 2019.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 19 de octubre de 2019, en medio de los desórdenes registrados durante las manifestaciones, el entonces capitán de Carabineros Hugo Navarro redujo e inmovilizó a Huerta Escobar, quien recibió un impacto balístico a corta distancia que le provocó una fractura de pubis derecho sin salida de proyectil. Las lesiones fueron calificadas como graves por el recinto asistencial que lo atendió.

Producto de esa situación, obtuvo una pensión equivalente a 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales, monto que posteriormente fue incrementado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric a 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales, alcanzando los $444.767 mensuales.

Según información entregada por la Tesorería General de la República al medio Ex-Ante, hasta marzo de 2024 había recibido más de $4,5 millones por este concepto.

Sin embargo, este martes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que dicho beneficio fue cesado en enero de 2026.

Estaba prófugo de la justicia

A los antecedentes anteriores se suma que Huerta Escobar mantenía una orden de detención vigente y se encontraba prófugo de la justicia.

El origen de esta situación se remonta a octubre de 2023, cuando fue fiscalizado por Carabineros mientras conducía un vehículo sin licencia. Tras practicarle un examen toxicológico, se determinó que manejaba bajo la influencia de cocaína, marihuana y anfetaminas, motivo por el cual fue detenido.

La audiencia de formalización fue fijada para el 20 de diciembre de ese año, pero el imputado no compareció. Tampoco asistió a las posteriores reprogramaciones, lo que derivó en la emisión de una orden de detención en su contra.

Dicha orden fue ejecutada por funcionarios policiales en marzo de 2024. En esa causa, el Ministerio Público le imputó los delitos de conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y conducción sin haber obtenido licencia de conducir.

Ahora, con su reciente formalización por tráfico de drogas y la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el tribunal, Huerta Escobar enfrenta un nuevo proceso judicial que se suma a su historial de antecedentes penales y policiales.