Una fallida compraventa de un terreno en Lo Barnechea derivó en un escándalo judicial y una demanda millonaria que enfrenta al empresario José Gabriel Cox Donoso con el notario Félix Jara Cadot, titular de la 41ª Notaría de Santiago desde 1982.

De acuerdo a un reportaje de Pulso, todo comenzó con la venta de un terreno de más de 1.300 metros cuadrados en una zona exclusiva, pero derivó en una batalla legal marcada por acusaciones de fraude, suplantación de identidad y millonarios perjuicios.

El 10 de septiembre de 2020, una sociedad representada por Cox adquirió un terreno ubicado en las cercanías del condominio Punta de Águilas.

El 6 de noviembre de 2023, Cox llegó a un acuerdo preliminar con el empresario Peter Frederick Price Eskenazi para vender el terreno por 11.450 UF ($446 millones de pesos). El proceso avanzaba con normalidad hasta que un documento generó el quiebre.

Al solicitar el certificado de dominio vigente, Cox se enteró de que el terreno ya estaba inscrito a nombre de otra persona: Luis René Vásquez Maldonado. La operación figuraba como concretada mediante una escritura firmada ante la notaría de Jara Cadot, en la que Cox supuestamente había vendido la propiedad por $270 millones.

Cox no solo asegura que nunca firmó ese documento, y que no conoce al comprador, sino que acusa que su firma fue falsificada. Por eso el documento público que valida la compraventa es una pieza central de una querella por falsificación, usurpación de identidad y negligencia notarial.

Una demanda millonaria

El 6 de diciembre de 2024, Cox presentó una demanda solicitando una indemnización de más de $996 millones en contra del notario, alegando perjuicios derivados de la suplantación de identidad y la pérdida del terreno.

Además acusa a Jara Cadot de autorizar una escritura con una firma falsa, sin verificar adecuadamente su identidad. Según un peritaje, la firma era “una imitación burda”.

Por su parte, el notario inicialmente le había bajado el perfil a la situación, pero reconoció fallas clave en el proceso, ya que no funcionaba el sistema de verificación de identidad, mientras que no se conservaron registros de cámaras ni copias de cédulas de los firmantes.

La situación provocó que el notario fuese suspendido de sus funciones por cuatro meses tras un sumario en noviembre de 2024, siendo formulados cargos por incumplimiento de deberes.