La embajada de Estados Unidos en Santiago defendió este lunes la revocación de visas a tres autoridades chilenas, medida anunciada el pasado viernes por Washington en medio de la controversia por un proyecto de cable submarino.

Los sancionados son el ministro Juan Carlos Muñoz, el subsecretario Claudio Araya y el jefe de gabinete Guillermo Petersen, acusados de afectar infraestructuras críticas y la seguridad regional.

Según la notificación oficial, los funcionarios “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

El trasfondo es la iniciativa impulsada por China Mobile para conectar Valparaíso con Hong Kong, proyecto que competiría con el cable submarino ya adjudicado a la empresa estadounidense Google.

Tras el anuncio, el gobierno chileno expresó su rechazo y entregó una nota de protesta, señalando que la decisión “vulnera la independencia y la soberanía” del país.

Ahora en una conferencia, el embajador Brandon Judd afirmó estar “profundamente decepcionado que estar de estar aquí hablando de temas de visas en lugar de enfocarme en formas en las que podamos crear trabajos, hacer crecer la economía y limitar el crimen, asuntos que son importantes para nuestras dos naciones”.

El diplomático remarcó que: “es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene el derecho a una visa”. En esa línea, insistió en que Estados Unidos actuará para proteger su seguridad nacional.

Además, sostuvo que semanas antes compartieron información sobre incursiones de “actores malignos extranjeros” en sistemas de telecomunicaciones chilenos, que habrían puesto en riesgo datos personales.

Consultado sobre si la medida era un mensaje político, lo negó y afirmó que las sanciones recaen únicamente en quienes “tomaron esas decisiones”, defendiendo que deben existir consecuencias si se daña a la región o a Estados Unidos.