La megarreforma económica del Gobierno avanzó este martes 21 de julio en la Cámara de Diputadas y Diputados, que aprobó 27 de las 28 votaciones correspondientes a las modificaciones incorporadas por el Senado.

Con esto, el grueso del proyecto quedó más cerca de ser despachado por el Congreso. No obstante, todavía no puede entrar en vigencia, ya que una de sus disposiciones deberá ser resuelta en comisión mixta y aún existen eventuales vetos presidenciales y requerimientos ante el Tribunal Constitucional.

Entre las principales medidas aprobadas se encuentra la exención temporal del IVA para la primera venta de viviendas nuevas durante 12 meses. El Ejecutivo ha defendido la propuesta argumentando que existen más de 100 mil unidades nuevas sin comprador, en medio de una prolongada crisis del sector de la construcción y un elevado déficit habitacional.

El proyecto también modifica el régimen de las viviendas DFL2. Se mantiene el beneficio actualmente disponible para las dos primeras propiedades de personas naturales, no obstante, desde la tercera vivienda se establece la posibilidad de que las rentas de arrendamiento tributen con un impuesto único de 5%, siempre que los inmuebles no superen los 90 metros cuadrados. El régimen también podrá ser utilizado por personas jurídicas y por viviendas asignadas a empresarios individuales, bajo determinadas condiciones y con una permanencia mínima de cinco años tributarios.

Otra de las principales disposiciones es la rebaja gradual del impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, desde el actual 27% hasta llegar a 23% en 2029.

La propuesta también restablece progresivamente la integración total del sistema tributario y elimina el impuesto único de 10% aplicado a las ganancias de capital obtenidas por la venta de valores con presencia bursátil.

En materia de inversiones, se aprobó un régimen de invariabilidad tributaria con plazos de 10, 15 o 20 años, dependiendo del monto invertido. La fórmula podrá ser utilizada por inversionistas nacionales y extranjeros y contempla una tasa corporativa adicional de 1,5% para las empresas que se acojan al beneficio.

El paquete incluye además una rebaja transitoria de 50% en el impuesto a las donaciones y elimina, bajo determinadas condiciones, el trámite de insinuación judicial.

Entre las disposiciones transitorias se crea un mecanismo voluntario para declarar bienes o rentas mantenidos en el extranjero, sujeto a un impuesto único de 10%. La tasa se reduce a 7% cuando esos recursos sean repatriados e invertidos efectivamente en Chile.

También se contempla un impuesto único de 10% para determinados saldos acumulados en registros tributarios, entre ellos el FUR, el STUT y los retiros en exceso provenientes del FUT histórico. A ello se agregan convenios de pago y condonaciones de multas e intereses para ciertas deudas vencidas con Tesorería.

El crédito tributario al empleo, en tanto, fue reformulado durante su paso por el Senado. El beneficio quedó focalizado en contribuyentes que exporten servicios basados en el conocimiento dentro de la economía digital y se calculará considerando las remuneraciones de trabajadores vinculados a esas actividades.

Entre las normas aprobadas también aparecen el denominado derecho al olvido financiero y la obligación de pagar a las pymes en un plazo máximo de 30 días. Ambas disposiciones avanzaron sin el respaldo del Ejecutivo, por lo que podrían ser objeto de vetos presidenciales.

La iniciativa incorpora además recursos para la reconstrucción de 4.429 viviendas afectadas por los incendios en Ñuble y Biobío y amplía el techo del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios hasta $1,2 billones.

En educación superior, el proyecto congela durante dos años el ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad. También endurece las sanciones aplicables a funcionarios públicos que utilicen licencias médicas fraudulentas.

Respecto de la franquicia tributaria del Sence, el Congreso descartó su eliminación. En su reemplazo, aprobó una reformulación que reduce de 1% a 0,7% de la planilla anual de remuneraciones el monto máximo que las empresas podrán descontar del impuesto a la renta por concepto de capacitación.

Los peros

La única modificación que no obtuvo los votos necesarios fue el mecanismo de compensación fiscal para el Fondo Común Municipal, asociado a la exención del pago de contribuciones para personas de 65 años o más respecto de su vivienda principal.

Esta exención para los adultos mayores sí fue aprobada, pero la fórmula destinada a compensar la eventual disminución de los ingresos municipales deberá ser resuelta por una comisión mixta integrada por diputados y senadores.

A lo anterior se suman tres requerimientos presentados por parlamentarios de oposición ante el Tribunal Constitucional. Dos de ellos buscan impugnar el régimen de invariabilidad tributaria, mientras que el tercero apunta a la norma que permite a las empresas solicitar al Estado la restitución de gastos directos, efectivos y no recuperables cuando una RCA favorable sea anulada judicialmente.