Una diligencia clave se espera en los próximos días, en el marco de la investigación por tráfico de influencias y un presunto intento de soborno que involucra al Fiscal Regional de Aysén y a la pareja de una ministra de la Corte Suprema.

Corría el año 2022 y tanto Gobierno como Congreso debían determinar el nombre del próximo Fiscal Nacional. Había una quina, una lista de cinco postulantes, entre ellos figuraba Carlos Palma, fiscal regional de Aysén.

Por esos días, Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, escribía un mensaje al fiscal Palma: “Buenos días amigo querido. Doctorado y reemplazo de Armendáriz OK visto bueno”.

Según un querellante de toda esta trama, en ese mensaje Migueles habría estado realizando una oferta a Palma, a cambio de apoyar a otro postulante a Fiscal Nacional. Si accedía, le moverían un doctorado y reemplazar a Xavier Armendáriz en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Esa versión fue negada por el persecutor, asegurando que la frase se sacó de contexto.

Aquella conversación fue revelada en un reportaje de Ciper Chile, a raíz de los hallazgos en el teléfono de otro investigado: el poderoso abogado Luis Hermosilla. Resulta que el fiscal Palma, por algún motivo, le sacó pantallazo de su conversación con Migueles y se la envió a Hermosilla.

La investigación

El caso llegó a manos del Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien instruyó iniciar una investigación contra Palma, por una presunta omisión de denuncia del delito de soborno. La indagatoria quedó en manos de otra fiscal regional, la de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Otro que decidió actuar, tras la revelación de Ciper, fue el abogado particular Fernando Leal. En su querella pidió al Ministerio Público aclarar: “¿Por qué el fiscal Carlos Palma mantenía correspondencia con el abogado Luis Hermosilla en el contexto de la elección de fiscal nacional?” y “¿Por qué el fiscal Carlos Palma, que recibe una oferta del todo irregular –ofrecimiento de un beneficio económico a un funcionario público, lo que puede ser constitutivo de un delito de soborno– no cumple con su deber de denuncia siendo un funcionario con años de trayectoria en el Ministerio Público y conocedor de los delitos funcionarios?”.

Por este caso, el fiscal Palma ya prestó declaración como imputado y tanto su teléfono como el de Migueles ya están en poder de la fiscal Wittwer.

Ahora, en una diligencia que resultaría clave, Gonzalo Migueles optó por romper su derecho a guardar silencio y prestar declaración en calidad de imputado ante la fiscal del caso.

De acuerdo a La Tercera, el asesor de empresas, a través de su abogado, solicitó fecha para entregar su declaración de manera voluntaria, y así defenderse con su versión de los hechos.