Un polémico fallo judicial terminó con cinco miembros del Tren de Aragua prófugos de la justicia. Falencias entre Fiscalía y un tribunal permitió a los imputados abandonar la cárcel.

Fue el lunes recién pasado cuando la jueza del Tribunal de Garantía de Los Vilos, Daniella Pinto, accedió a revocar la prisión preventiva de cinco sujetos que fueron sindicados como integrantes de la organización criminal de origen venezolano.

Se trata de personas imputadas porgraves delitos, como secuestro, robo con intimidación y asociación ilícita, que habrían cometido durante 2023 en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso.

Lo particular de la decisión judicial es que lograron salir en libertad con el pago de una fianza de $5 millones de pesos cada uno. Así, quedaron sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional.

La Fiscalía apeló a la resolución del tribunal y dos días después, este miércoles, la Corte de Apelaciones de La Serena revirtió la polémica decisión y ordenó volver a poner a los imputados tras las rejas.

El tribunal de alzada advirtió que para la revocación de la prisión preventiva no se aportó elemento alguno “que permitiera entender una modificación de las circunstancias” y que justificara modificar la cautelar.

Más aún, el fallo afirmó que “nos encontramos en un escenario idéntico a aquel que motivó, en su momento, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva para cada uno de los encartados”.

Estarían prófugos

Ahora, el problema es que los cinco sujetos estarían inubicables.

De acuerdo a un reportaje de Tele13, tanto en el Tribunal como en la Fiscalía habrían tomado conocimiento del “error”, pero ya era demasiado tarde: fueron en busca de al menos tres de los venezolanos, a los domicilios donde supuestamente cumplirían su arresto, pero no había seña de ellos.

Según evidenció el citado medio, en la audiencia la Fiscalía no supo presentar los antecedentes necesarios para mantener en la cárcel a los sujetos y terminó accediendo a lo que pedía la defensa: “El Ministerio Público cree prudente para todos ellos la suma de 5 millones”.

La ministra del Interior, Carolina Toha, había señalado, antes que se revirtiera la libertad de los imputados que, si bien el Ejecutivo respeta la autonomía de los poderes del Estado, “cuesta mucho entender esa decisión”.

En tanto, en redes sociales la noticia generóa amplias reacciones. Una de ellas fue la del exfiscal Carlos Gajardo: “Grave caso de error judicial debe ser investigado y sancionado. No es posible en delitos de esa magnitud establecer fianzas en dinero. Si lo que se imputa son secuestros extorsivos, ¿de dónde viene el dinero para pagar la fianza? Inentendible”.