Sin juicio ni condenas terminó en tribunales el bullado ataque de estudiantes que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia.

Fue a inicios de abril cuando la secretaria de Estado fue víctima de una agresiva “funa” al interior de aquel campus. Acusó que la habían secuestrado, que reecibió golpes en la cabeza y que la insultaron incluso por su origen mapuche.

El Gobierno y el oficialismo salieron en masa a condenar lo ocurrido y exigir las penas del infierno. La Moneda se querelló por atentado contra la autoridad e incluso intentó invocar la Ley de Seguridad del Estado.

Pasaron los días y hubo tres universitarios detenidos: María Jesús Madariaga , Pablo Vásquez y Joaquín Monje. El Gobierno pedía que se mantuvieran en prisión preventiva pero el tribunal lo descartó.

Ahora, cinco meses después, la defensa de los jóvenes, la Fiscalía de Los Ríos y el Gobierno como querellante llegaron a un acuerdo para una salida alternativa: todos accedieron a la suspensión condicional del procedimiento, reportó La Tercera.

Es decir, los estudiantes no irán a juicio y zafaron de una eventual condena si cumplen con cinco condiciones por el plazo de un año. Terminado ese tiempo, la causa se archiva y todo queda en el pasado.

Las condiciones y la molestia de la ministra

De acuerdo al citado medio, esas condiciones son: prohibido acercarse a la víctima, fijar domicilio, firmar cada dos meses ante Carabineros, ofrecer disculpas públicas y realizar un servicio de beneficio a la comunidad.

Aquel último requisito deberá ser definido por las defensas y luego aceptado por las demás partes.

En tanto, los estudiantes presentaron sus disculpas en la misma audiencia y la ministra las aceptó en el acto, pero su respuesta llamó la atención. No estaba de acuerdo con la suspensión, quería ir a juicio.

“Está bien, las acepto todas. (...) No fui yo la que pidió las disculpas, fue la Fiscalía y a mí no me preguntaron”, lanzó Lincolao, pese a que en el acuerdo estuvo el Gobierno.

Fuentes de La Tercera afirmaron que la autoridad estaba molesta porque esperaba “que el proceso siguiera su curso”, que los hechos fueran “plenamente esclarecidos” y que se deterimasen consecuencias penales para los imputados.