La pugna por el control de la investigación en el caso de narcotráfico que involucra a cinco exsuboficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) sigue escalando.

Ahora La Tercera informó que la FACH reiteró ante la Corte de Apelaciones de Iquique que se opone a entregar más antecedentes al Ministerio Público.

La decisión responde al conflicto de competencias entre la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Justicia de Aviación, una disputa que será zanjada en una audiencia el próximo 18 de julio.

Hasta entonces, la FACH se mantendrá en su postura de no abrir la causa, insistiendo en que la jurisdicción corresponde a la justicia militar.

Según reveló la Fiscalía, el caso se destapó el 3 de julio, cuando se detectó que un funcionario subió una maleta a un avión institucional sin ser pasajero. La revisión del equipaje reveló ketamina y otros paquetes sospechosos.

A partir de ahí, los cinco implicados fueron identificados y detenidos, actualmente en prisión preventiva tras ser dados de bajo.

En ese escenario, la FACH insiste en que ya se realizaron diligencias claves que incluyen declaraciones, registros e incautaciones, todo bajo control de la Fiscalía de Aviación.

Pero la disputa de fondo sigue siendo quién tiene la última palabra. Y aunque el debate comienza en Iquique, todo apunta a que la decisión final recaerá en la Corte Suprema.

Un conflicto que escaló

La negativa de la Fuerza Aérea tensionó también las relaciones con el Gobierno.

Aunque el Presidente Gabriel Boric aseguró haber solicitado personalmente al comandante en jefe de la FACH, Hugo Rodríguez, que colaboraran con la Fiscalía de Tarapacá, la respuesta desde la institución fue categórica.

“El Presidente no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no”, dijo Rodríguez.

Esas declaraciones incomodaron en La Moneda, obligando al jefe castrense a comunicarse directamente con el Mandatario para aclarar sus dichos. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, intentó bajar el tono, atribuyendo la polémica a un malentendido sobre las atribuciones presidenciales.

En tanto, también existe una disputa por las palabras públicas de la fiscal regional Trinidad Steinert, quien criticó a la FACH por no colaborar y puntualizando que el expediente carecía de datos y solo tenía cinco páginas.