Una investigación del Ministerio Público apunta a un mecanismo que permitiría extraer dinero desde las cuentas individuales de AFP usando la Ley de Responsabilidad Parental como vehículo.

Es decir, se crearía una falsa deuda de “Papito Corazón” para lograr sacar dinero de las pensiones.

Según consta en un reportaje de Radio Biobío, el esquema implica que ambas partes coordinen previamente la presentación de una demanda de alimentos, pactando una cifra mediante instancias como mediación o acuerdo privado, que luego es formalizada ante el juzgado de familia.

Una vez validado el acuerdo, el obligado simplemente interrumpe los pagos por el plazo mínimo exigido por la ley (tres meses) para activar el procedimiento de cobro excepcional con cargo a los fondos previsionales acumulados en la AFP.

Claro que antes de autorizar el uso de esos ahorros, el tribunal debe agotar una revisión de la situación financiera del deudor, solicitando antecedentes sobre cuentas corrientes, productos de inversión y eventuales fondos previsionales voluntarios.

Y es ahí en donde radica la clave del fraude: el deudor, conocedor del procedimiento, vacía o traspasa con anticipación sus otros activos. Al no detectar alternativas, el juez autoriza la retención desde la cuenta de capitalización individual.

En algunos casos detectados, las pensiones acordadas eran inusualmente altas y se mantenían impagas solo el tiempo mínimo necesario para activar el mecanismo. Luego de concretado el retiro, las partes informaban que habían retomado la convivencia.

Se legisló pensando en la “buena fe”

La indagatoria se activó a partir de antecedentes remitidos por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que detectó patrones que consideró irregulares en una serie de causas.

Entre los investigados figura un funcionario judicial y abogados que habrían patrocinado causas similares en distintas comunas.

Aunque el monto retirado por esta vía representa menos del 0,5% del total administrado por el sistema, el diseño legal permite cobrar hasta el 90% de los fondos según la edad del deudor, lo que amplifica el incentivo para simular deudas.

Claro que la discusión sobre este riesgo ya había surgido durante la tramitación legislativa.

Sin embargo, la norma se aprobó sin incorporar filtros específicos contra eventuales acuerdos ficticios, bajo el argumento de legislar considerando la buena fe de la mayoría.

Algo que ahora claramente quedó en entredicho.