Representantes de la comunidad Army llegaron a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados ante la incertidumbre que rodea los conciertos de BTS en el Estadio Nacional.

En la sesión participaron voceras de distintos grupos de fans y representantes de la industria del entretenimiento. Aunque la ministra del Deporte, Natalia Duco, no asistió en representación del Gobierno debido a la emergencia climática en el norte, sí estuvo presente el subsecretario Andrés Otero.

De acuerdo a Chilevisión, las representantes del fandom sostuvieron durante la exposición que la falta de información ha provocado un fuerte impacto emocional entre miles de seguidores y cuestionaron las versiones entregadas por distintos organismos públicos sobre el estado de las gestiones.

Además, pidieron aclarar por qué inicialmente existían señales de que el evento seguiría adelante y luego se afirmó que nunca hubo una autorización formal. También cuestionaron la incertidumbre generada tras la venta de entradas.

El subsecretario Otero reiteró que nunca existió un contrato de arriendo ni una autorización del Estadio Nacional para realizar los conciertos. Según explicó, la productora debía presentar estudios técnicos sobre el impacto en el recinto antes de cualquier aprobación.

La autoridad además agregó que esos antecedentes fueron entregados recién la semana pasada, fuera de los plazos esperados, por lo que actualmente continúan siendo evaluados por el Instituto Nacional de Deportes.

Tras la sesión, cuentas oficiales del fandom resumieron que la Comisión de Cultura no tiene facultades para ordenar que los conciertos se realicen en el Estadio Nacional y que el IND solo analiza los aspectos técnicos para proteger el recinto.

También indicaron que la autorización de un evento masivo corresponde a la Delegación Presidencial y que, incluso si el informe técnico fuera favorable, la realización de los conciertos dependerá finalmente de la productora.

Entre los antecedentes expuestos también se señaló que hasta el 20 de julio no existía un contrato de arriendo ni una autorización formal. Además, se informó que el evento podría generar cerca de $2.200 millones para el Estado, mientras el IND continúa evaluando una respuesta técnica definitiva.