El fiscal regional Mario Carrera presentó una querella de 71 páginas contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación.

El escrito, al que accedió La Tercera, sostiene que Guerra mantuvo una relación de mutuos favores con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado del Caso Audio.

Según la Fiscalía, el vínculo entre ambos se sustentaba en un intercambio constante: Guerra entregaba información reservada o adoptaba decisiones judiciales ventajosas, mientras Hermosilla le ofrecía contactos, apoyo político y oportunidades laborales.

Uno de los ejemplos más notorios ocurrió durante el Caso Penta. Carrera acusa que Guerra ejecutó “maniobras engañosas” para reducir cargos y penas a imputados vinculados a Hermosilla, y facilitar salidas alternativas a figuras políticas y empresariales.

El patrón se repitió en otras investigaciones. Guerra habría informado irregularmente a Hermosilla sobre avances en causas como Exalmar, una indagatoria contra Manuel José Ossandón, otra al exdirector de la PDI Héctor Espinosa y el caso Vitacura con Raúl Torrealba, pese a que el abogado no era interviniente en ninguna de ellas.

En paralelo, los chats revelan cómo el exfiscal pedía a Hermosilla favores personales. Solicitó su apoyo para obtener trabajo fuera del Ministerio Público y gestionar nombramientos para amigos, incluyendo a una notaria y al fiscal Tufit Bufadel.

“¿Será posible recomendarla?”, escribió Guerra a Hermosilla sobre una amiga postulante a una notaría. En otro mensaje, le pidió ayuda para lograr el sobreseimiento de Bufadel. Hermosilla respondió: “Yo puedo. ¿Qué quiere Tufit?”.

La Fiscalía asegura que Guerra también pidió al abogado contactos en el gobierno para acceder al Consejo de Defensa del Estado o incluso a una empresa privada vinculada al entorno de Hermosilla.

Carrera concluye que el exfiscal “se valió de su cargo para favorecer indebidamente a Hermosilla y a su red”, recibiendo a cambio favores laborales y personales.

Una alianza que, según el Ministerio Público, operó durante años bajo una lógica de reciprocidad y discreción.