Un fondo internacional de financiamiento de litigios respaldará una demanda civil por daños ambientales y a la salud asociados al complejo termoeléctrico Ventanas, en la región de Valparaíso.

La causa, ingresada ante el 18º Juzgado Civil de Santiago, bajo la carátula “Arellano con Empresa Eléctrica Ventanas SpA”, se sustenta en un informe científico que estima impactos sanitarios y económicos significativos entre 2013 y 2020.

El estudio fue elaborado por investigadores vinculados al Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) y publicado en noviembre de 2024. Mediante modelaciones atmosféricas y metodologías de evaluación de impacto en salud, el reporte concluye que las emisiones del complejo están asociadas a 563 muertes, además de miles de efectos adversos.

El material incluye PM2,5 (material particulado fino que puede penetrar profundamente en los pulmones), NO₂ (dióxido de nitrógeno, gas asociado a procesos de combustión) y SO₂ (dióxido de azufre, contaminante generado principalmente por la quema de combustibles fósiles)

Entre los impactos estimados se contabilizan 1.117 atenciones de urgencia por asma, 575 nacimientos con bajo peso, 238 partos prematuros, 129 años vividos con discapacidad y más de 300.000 jornadas laborales perdidas. El costo económico acumulado superaría los $1.400 millones dólares en el período analizado.

El informe señala que los efectos de la contaminación se extendieron hasta un radio de 300 kilómetros, alcanzando incluso a Santiago. Según sus autores, se trata de la primera estimación con modelación detallada que establece una relación causal cuantificada entre las emisiones del complejo y daños específicos en salud pública y economía.

La demanda representa a más de 1.000 personas afectadas en las denominadas zonas de sacrificio de Quintero y Puchuncaví y es liderada por el abogado Miguel Fredes, director del Programa Defensoría Climática. El financiamiento será aportado por Loopa Finance, fondo especializado en litigios de alto impacto.

“Este es un caso emblemático. No estamos ante una simple denuncia: hoy contamos con evidencia contundente, datos concretos y una estrategia jurídica sólida. Vamos a respaldar esta demanda porque creemos en una justicia ambiental eficaz y reparadora”, señaló Federico Muradas, Investment Manager de Loopa Finance.

Por su parte, Miguel Fredes afirmó: “Este informe llena un vacío probatorio que ni el Estado de Chile ni organismos internacionales habían abordado con la rigurosidad científica del CREA. Por primera vez, vemos una vía clara hacia la justicia”.

La acción civil busca la remediación ambiental del territorio, la compensación integral a las víctimas y la clausura y relocalización definitiva del complejo. La estrategia jurídica también cita el fallo de la Corte Suprema de Chile de 2023, que cuestionó el plan de descontaminación vigente por vulnerar el principio de “quien contamina, paga”.

El caso se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre la situación ambiental en Quintero y Puchuncaví, zona que ha sido objeto de informes internacionales y pronunciamientos sobre riesgos para la salud de sus habitantes.