El gobierno decidió llegar al Tribunal Constitucional para impugnar la norma que obliga a las empresas de servicios básicos a reponer gratis la luz, el agua potable y el gas en zonas declaradas como catástrofe este pasado martes 11 de agosto.

Desde La Moneda señalaron que optaron por esta vía porque “Nos interesa ir rápido con el proyecto ley”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Pues también se podía recurrir a un veto presidencial aditivo para desactivar el artículo, consignó El Desconcierto.

Quiroz agregó que “el veto aditivo tiene un tiempo de tramitación distinto y pensamos que esta es la forma de hacerlo”, apuntando a que el camino judicial permitiría acortar los plazos.

El secretario de estado también cuestionó la forma en que fue incorporada la medida al proyecto, señalando que “esto está fuera de idea matriz... cuando se presentó, yo mismo hice una reserva de constitucionalidad al respecto”.

De todos modos, aclaró que el Ejecutivo no rechaza el fondo de la propuesta, sino que busca que “se redacte bien” y como “artículo único”.