La Contraloría General de la República (CGR) reveló que funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) participaron en contratos millonarios con empresas vinculadas a sus familiares o donde trabajaron previamente, comprometiendo la objetividad y violando normas de probidad como parte de sus conflictos de interés.

De acuerdo a información de Radio Bíobío, se trata de 31 trabajadores públicos que “no se abstuvieron de intervenir, en razón de sus funciones, en la ejecución de contratos de conservación de caminos, aun cuando existían parientes de dichos servidores que prestaban o prestaron servicios en las empresas contratistas que llevaban a cabo los aludidos trabajos”.

La Dirección de Vialidad, que lidera la repartición de presupuestos del MOP, inició un sumario administrativo y buscará tanto reforzar su probidad administrativa como prevenir que este tipo de situaciones vuelva a ocurrir.

Todo esto se da en un escenario en donde el caso más llamativo es el de Rooney Miguel Focacci Yugo, exdirector regional de la Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota, quien usó recursos públicos para gastos personales, como carnes premium, whisky y remodelaciones en su vivienda, sumando boletas fraudulentas por más de $25 millones.

También está el caso de Juan Carlos Oviedo Miranda, exdirector regional de la Dirección de Vialidad del Bío Bío. Según la investigación, aprobó la conservación de caminos indígenas en Contulmo por parte de una empresa (Globalmix Limitada) para la que trabajó por cinco años. Además, autorizó la devolución de retenciones y garantías, además del aumento de obras por $29 millones.

La situación no queda ahí, ya que el padre, la cónyuge y un hijo de Oviedo Miranda trabajaron para aquella empresa. El mismo hijo también trabajó para otra empresa (Pavimentos Quilín) que tuvo contratos con la Dirección de Vialidad mientras trabajaba el exdirector regional.

Pero ese no es el único caso, ya que se reportaron actos irregulares tanto en el norte como el centro y el sur del país. Para cerrar con un ejemplo, María Teresa Rodríguez Salazar, inspectora fiscal de la Dirección Regional de Vialidad de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, firmó una evaluación ligada a la conservación de caminos en Las Torres del Paine. Pero la empresa que se adjudicó los trabajos (Constructora Vilicic S.A) estaba ligada a su pareja, Carlos Roberto Vidal Santana.