Por Paulo QuinterosGendarmes levantan la voz contra reforma anunciada por Boric tras red de corrupción carcelaria
El gremio acusó decisiones unilaterales del Ejecutivo y cuestionó la separación de funciones entre seguridad y reinserción, exigiendo diálogo y garantías laborales.

La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) reaccionó con dureza al anuncio del presidente Gabriel Boric de impulsar una reforma estructural a Gendarmería de Chile.
A través de un comunicado, según consta en Radio Biobio, el gremio manifestó su “más profundo repudio” a lo que calificó como una decisión unilateral.
La organización acusó al Ejecutivo de no haber abierto instancias de diálogo con los trabajadores penitenciarios antes de anunciar una transformación de esta magnitud.
Asimismo, cuestionó que el Gobierno actúe, a su juicio, sin comprender la complejidad del sistema penitenciario ni los riesgos permanentes que enfrentan los funcionarios, uniformados y civiles.
Anfup recalcó que Gendarmería cumple un rol clave tanto en seguridad pública como en reinserción social, advirtiendo que una separación apresurada podría afectar el funcionamiento del sistema.
En su declaración, el gremio exigió garantías concretas en estabilidad laboral y previsional, respeto a derechos adquiridos, mejoras en infraestructura y condiciones de seguridad, y resguardo del derecho a sindicalización.
Finalmente, la asociación emplazó al Ejecutivo a abandonar las decisiones unilaterales y a convocar de forma inmediata una mesa de trabajo para discutir cualquier cambio estructural en Gendarmería de Chile.
La red de corrupción que impulsa a la reforma
La propuesta del Ejecutivo se conoció tras el operativo “Apocalipsis”, una investigación de gran escala que dejó al descubierto una red de corrupción al interior de los penales Santiago 1 y San Joaquín.
El procedimiento, ejecutado en siete regiones del país, terminó con más de 60 personas detenidas, entre ellas 44 funcionarios de Gendarmería vinculados a los recintos investigados.
De acuerdo con los antecedentes, la organización habría operado durante al menos tres años, obteniendo ganancias superiores a los $6.300 millones mediante la venta de favores y otros ilícitos.
En ese contexto, el Gobierno anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional para dividir las actuales funciones de Gendarmería.
El diseño plantea que la institución pase a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las tareas de reinserción social quedarían bajo el Ministerio de Justicia, a través de una nueva entidad especializada.
De ahí que el presidente Boric explicó que la situación obliga a “un cambio institucional”, separando roles hoy concentrados en Gendarmería.
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