Un perjuicio estimado en al menos $145 millones es el que, según la Fiscalía de Iquique, dejó una serie de supuestos comités de vivienda que operaron entre 2022 y 2023 en la región de Tarapacá.

Por estos hechos fue formalizado Franco Rossi Rodríguez, hijo del exsenador Fulvio Rossi, junto a otras tres personas, en el marco de una investigación por el delito de estafa vinculada a proyectos habitacionales inexistentes.

La causa es llevada por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, que expuso ante el tribunal un esquema de captación de recursos dirigido a familias interesadas en acceder a viviendas sociales.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado utilizó redes sociales para ofrecer supuestos servicios de asesoría legal, presentándose como “abogado”, y promovió la conformación de un comité denominado “Akatsuki”.

El proyecto convocó a decenas de personas, quienes realizaron aportes individuales que iban entre $13 mil y $25 mil, bajo el argumento de cubrir gastos administrativos.

Sin embargo, los dineros no ingresaron a cuentas institucionales ni fueron destinados a trámites formales, sino que terminaron depositados en cuentas personales de las coimputadas.

En noviembre de 2022 se impulsó un segundo proyecto, denominado “Viviendas Sarmenia”, el que sumó a más de 120 personas mediante un grupo de WhatsApp.

En ese caso, se prometió la compra de terrenos en playa Sarmenia para su posterior subdivisión, solicitando pagos iniciales de $600 mil y un segundo monto por el mismo valor.

Según la investigación, tampoco existían gestiones reales para adquirir los terrenos y los fondos nuevamente fueron transferidos a cuentas de las mismas personas.

Durante 2023 comenzaron los retrasos, explicaciones inconsistentes y la falta de respuestas concretas, lo que generó desconfianza entre las familias involucradas.

Al intentar aclarar la situación, algunas víctimas fueron informadas de que el proyecto había sido abandonado y que no existía información sobre el destino del dinero.

Posteriormente, consultas realizadas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo permitieron establecer que el terreno ofrecido no era apto para construcción, al tratarse de una zona de inundación.

Pese a los reiterados requerimientos, los fondos nunca fueron restituidos ni se entregó un detalle del uso de los recursos, los que ascienden a al menos $145 millones.

La Fiscalía señaló que diligencias realizadas junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI permitieron establecer la dinámica del fraude y la participación de cada imputado.

El tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional para los cuatro formalizados y fijó un plazo de investigación de 120 días.