La Fiscalía Regional de Antofagasta finalmente reveló las penas de cárcel que solicita a la justicia para los imputados por el Caso Democracia Viva, entre ellos la diputada Catalina Pérez.

Este miércoles se conoció el detalle de la acusación que presentó el Ministerio Público ante tribunales, trámite judicial que pone fin a la investigación e inicia los preparativos para el juicio oral.

Es la primera vez que se habla, de manera oficial, de los años de cárcel que podrían cumplir los involucrados en el escándalo que dio inicio al bullado Caso Convenios, y que golpeó duramente al Frente Amplio.

Para la desaforada diputada Catalina Pérez la Fiscalía solicita 10 años y un día de presidio menor en su grado mínimo. Lo mismo que pidió para Daniel Andrade, expareja de la congresista y entonces responsable de la Fundación Democracia Viva.

En tanto, para el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; y para la exconcejal Paz Fuica, el ente persecutor solicitó penas que suman 35 años de cárcel para cada uno, publicó La Tercera.

Las penas solicitadas también contemplan multas y sanciones que acabarían con la carrera política de los implicados. Esto es, la inhabilitación “absoluta perpetua” para cargos y oficios públicos y derechos políticos.

Además, tendrían inhabilitación “absoluta perpetua” para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que sostengan algún vínculo con órganos o empresas del Estado.

En la causa hay otros tres imputados, menos conocidos: Mery Ortiz Donoso, Lorena Cisternas Moncada y Kelly Betancourt Acosta.

¿De qué se les acusa?

En su acusación, la Fiscalía achaca a los imputados cuatro hechos constitutivos de delito; todos relacionados a convenios “que nunca debieron haber sido suscritos” entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y distintas fundaciones.

De acuerdo al documento, habrían favorecido a esas ONG con recursos estatales que se suponía destinados al Programa de Asentamientos Precarios.

Los convenios cuestionados suman un total de 1.596 millones de pesos. De ese monto, $426 millones fueron a dar a Democracia Viva, orgánica relacionada al entonces partido Revolución Democrática.

Las otras fundaciones invlucradas fueron Fibra (tres convenios por $430 millones), Fusupo (dos convenios por $284 millones) y Tomarte (cuatro convenios por $456 millones).