Una demanda por $200 millones presentó un exfuncionario de la Municipalidad de Vitacura a raíz del escándalo que comenzó con la difusión de un video sexual y había concluido con la destitución de dos trabajadores municipales.

El caso se originó luego de que ambos funcionarios fueran grabados desde la vía pública manteniendo relaciones sexuales al interior del edificio consistorial. El registro se viralizó rápidamente y dio paso a un sumario administrativo que concluyó con la desvinculación de ambos.

El sumario determinó que los hechos ocurrieron en la Oficina de Atención al Vecino del Centro Cívico. El municipio argumentó faltas a la probidad, mientras que los funcionarios reconocieron el error y ofrecieron disculpas públicas.

Pero ahora La Tercera informó que uno de los involucrados, ingeniero informático, acudió el pasado 18 de diciembre al 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, acusando un “daño moral” provocado por su destitución. La otra persona implicada no presentó acciones judiciales.

En su escrito, el exfuncionario destacó su trayectoria en el municipio desde 2016, mencionando proyectos relevantes, funciones de liderazgo y labores de capacitación.

“Debo agregar que, durante los nueve años de prestación de servicios servicio en la Municipalidad de Vitacura, mantuve una evaluación de excelencia e intachable con nota 7, cumpliendo de forma íntegra con todas las tareas”, sostiene la demanda.

El demandante cuestiona además la legalidad del proceso disciplinario, señalando que el sumario “se desarrolló de modo absolutamente ilegal, con numerosas arbitrariedades cometidas durante su instrucción, tanto por el fiscal actuante como por la propia alcaldesa doña Camila Merino Catalán”.

En ese punto, acusa que la alcaldesa Camila Merino habría anticipado públicamente la destitución antes de que concluyera el procedimiento, “afectando con ello, subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario (…) afectando mi salud psíquica, dañando efectivamente mi honra”.

El exfuncionario también denuncia discriminación y vulneración de derechos, afirmando que “en consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios (…) me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados”.

Como medidas reparatorias, solicita el pago de $200 millones, la publicación de una declaración reconociendo que “se vulneró injustamente la integridad psíquica” del demandante, capacitación obligatoria para la alcaldesa y la difusión interna de un documento que reafirme la vulneración de sus derechos. La demanda sigue en tramitación y el municipio ya fue notificado.