Luego de tres postergaciones, la Corte de Apelaciones de Santiago accedió a la petición del Ministerio Público de quitar el desafuero del diputado Joaquín Lavín León por una serie de acusaciones de corrupción.

El fallo, eso sí, aún pueder ser revertido por la defensa del parlamentario ante la Corte Suprema. Tiene un plazo de cinco días para recurrir al máximo tribunal.

A Lavín Jr (exUDI) se le imputan delitos por presunto desvío de fondos desde el Congreso y por maniobras oscuras en la Municipalidad de Maipú, en el periodo como alcaldesa de su esposa, Cathy Barriga.

En concreto y hasta ahora, se le atribuyen seis delitos: fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, uso malicioso de instrumento privado y negociación incompatible.

La Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, advirtió que hay razones de sobra para formalizar al congresista y dejarlo con medidas cautelares.

“Creemos que los antecedentes son más que suficientes, incluso mayor al estándar del desafuero y por lo tanto estamos muy conformes con la decisión”, expresó. Dijo que estarán pendientes a la apelación de la defensa.

Lavín intentará revertir el desafuero

Desde la defensa, el abogado Cristóbal Bonacic le restó drama a la decisión de la Corte y confirmó que van a apelar.

“Aquí nadie ha dicho que el señor Lavín es culpable o inocente de absolutamente nada, solamente consiste en que la Corte de Apelaciones entendió que hay mérito suficiente para seguir investigando”, manifestó.

Aseguró que ejercerán “cada una de las herramientas que contrmpla la ley” y “obviamente” interpondrán un recurso de apelación, una vez que tengan acceso al fallo definitivo.

Desde la Municipalidad de Maipú, que actúa como querellante, el abogado José Pedro Silva destacó que este fallo les da la razón y descarta que se trata de una mera persecución política.

“Es importante este hito, porque el diputado Lavín desde un comienzo señaló que esto se trataba de una persecución política y nosotros hemos sido enfáticos en que ni nosotros como abogados ni el alcalde Tomás Vodanovic se prestaría para una persecución política ante tribunales”, afirmó.