El pasado 30 de julio, la jueza suspendida Irene Rodríguez volvió a presentarse ante la Fiscalía Regional Occidente, esta vez en calidad de imputada por la liberación de Alberto Mejía. La diligencia fue encabezada por el fiscal Marcos Pastén.

De acuerdo a información de La Tercera, Rodríguez ya había declarado como testigo a mediados de julio y entregado voluntariamente sus dispositivos tecnológicos. Sin embargo, el Ministerio Público cambió su estatus procesal tras revisar nuevos antecedentes.

Pese a tener derecho a guardar silencio, Rodríguez optó por declarar nuevamente. Al inicio se presentó sin abogado, señalando que quería “defenderse sola”. Incluso autorizó el alzamiento de su secreto bancario.

No obstante, luego de reunirse con representantes de la Defensoría Penal Pública, aceptó ser representada por uno de sus abogados. La Fiscalía evalúa una formalización, lo que requerirá mayor asistencia jurídica.

Para imponer eventuales cautelares, la Fiscalía deberá presentar una querella de capítulos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, como exige la normativa vigente para jueces en ejercicio.

Quienes son investigados por el error que liberó al sicario

Rodríguez es imputada por el delito de prevaricación culposa. Según la fiscalía, su actuar negligente facilitó la liberación del sicario, debido a un error en su apellido en la resolución de prisión preventiva.

Aunque se argumentó que las órdenes son “documentos tipo” y no pueden enmendarse fácilmente, los investigadores sostienen que existían mecanismos formales para corregir errores de tipeo en resoluciones.

La fiscalía analiza ahora si hubo solo negligencia o si existieron pagos indebidos, lo que podría derivar en delitos dolosos. Para ello, revisa sus cuentas bancarias.

El caso también involucra a otros ocho imputados:

• Una funcionaria del Poder Judicial
• Siete gendarmes

Estps últimos son acusados de no advertir el error que permitió la excarcelación del reo.