En mayo del año pasado se dio a conocer que Arturo Correa Cuevas, abogado que obtuvo un acuerdo extrajudicial por $2.870 millones con la Compañía General de Electricidad (CGE) tras demandas por incendios forestales en la Región de O’Higgins, enfrentaba una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) por presunto fraude fiscal.

A grandes rasgos, el organismo acusó que el profesional no declaró correctamente esos ingresos en las Operaciones Renta 2020 y 2021, lo que habría generado un perjuicio fiscal superior a $1.367 millones.

Además de argumentar el no pago del Impuesto Global Complementario correspondiente, afirmaron que parte del dinero fue depositado en la cuenta de su hermano y que utilizó una sociedad sin giro legal, integrada también por sus hijos, para emitir facturas por $2.400 millones, pese a que los servicios fueron prestados de forma personal.

Y en un escenario en donde sus exclientes y municipios, como Marchigüe y Paredones, lo acusaron de ser el principal beneficiario del acuerdo con la CGE, ahora el propio abogado Correa presentó una querella en contra de tres funcionarios del SII, además de tres exclientes, a quienes acusa de una falsificación ideológica de instrumento público.

El abogado Correa vs. Impuestos Internos

Según su presentación, el origen del conflicto es un informe del SII que contendría datos falsos y omisiones relevantes. A su juicio, ese documento permitió levantar una querella tributaria que calificó como infundada y maliciosa.

Correa sostiene que el informe 281, fechado el 24 de abril de 2025, construyó artificialmente un perjuicio fiscal inexistente. Afirma que la autoridad tributaria ocultó antecedentes que lo favorecían para justificar la acción penal.

El abogado también cuestiona que el SII haya señalado que su sociedad San Agustín no tenía giro de asesoría legal. Asegura que sí lo tiene desde 1998 y que existen contratos y facturas validadas por el propio Servicio.

En su escrito, acusa que el informe buscó permitir el cobro ilegal de cerca de $1.400 millones en impuestos y que los funcionarios involucrados tendrían incentivos económicos ligados a la recaudación adicional.

Además de pedir que los antecedentes se remitan al Ministerio Público, Correa solicitó diligencias para que el SII entregue documentación clave. En la causa, el subdirector jurídico del organismo asumió la defensa de los funcionarios.

Pero desde Impuestos Internos defendieron el actuar institucional y recalcaron que la querella contra el abogado se basó en una investigación previa, ajustada a la normativa vigente. Añadieron que las acciones penales y de cobro siguen en curso.

En paralelo, la Fiscalía solicitó su formalización por prevaricación, administración fraudulenta y delitos tributarios. La audiencia fue fijada para el lunes 9 de febrero y, de no asistir, arriesga quedar en prisión preventiva.