La discusión por el Presupuesto 2026 abrió un flanco interno en La Moneda. El origen del conflicto involucra a los fondos que recibirá Gabriel Boric una vez que deje la Presidencia, a partir de marzo de 2026.

El proyecto contempla $151 millones adicionales al gasto actual destinado a expresidentes, elevando el total anual a $830 millones. En el caso de Boric, se calculan $17,6 millones mensuales por nueve meses, entre dieta y asignaciones.

De ese monto, $7,3 millones corresponden a renta personal y $10,3 millones a gastos reembolsables de oficina, personal y viajes. Sin embargo, el carácter legal de estos últimos abrió una disputa política y jurídica según consta en La Tercera.

Los informes técnicos del Congreso establecen que solo la dieta está protegida por la Ley 19.672, mientras que las asignaciones deben aprobarse anualmente en la Ley de Presupuestos y podrían ser rechazadas.

El Ejecutivo, en cambio, sostiene que ambos conceptos están amparados por la ley. Según la ministra Camila Vallejo, “todos los expresidentes por mandato constitucional tienen una dieta, y la ley tiene que aplicar ese mandato”.

Esa postura generó molestia incluso entre aliados. “El Presidente Boric debería dar una instrucción clara de no hacer leyes de amarre. Eso es propio del general Pinochet”, afirmó Jaime Araya (independiente PPD).

Rubén Oyarzo (del Partido Radical) anunció su voto en contra: “No corresponde, sobre todo en tiempos de vacas flacas. Los recursos deben ir a seguridad, salud y educación, no a asignaciones permanentes”.

El diputado Tomás Lagomarsino (También del Partido Radical) coincidió afirmando que: “Los recursos fiscales no tienen que estar en un gabinete para un expresidente, sino en un Cesfam, una urgencia o un colegio”.

La discusión podría llegar al Tribunal Constitucional

El documento de la Dipres argumenta que el aumento responde a la continuidad del financiamiento de dietas, traslados y oficinas para los exmandatarios Frei, Lagos y Bachelet, además de Boric.

Sin embargo, el alza podría derivar en un conflicto constitucional. El artículo 67 de la Carta Magna permite reducir solo los gastos no establecidos por leyes permanentes, como sería el caso de las asignaciones.

La controversia también revive un antecedente político: en 2020, Boric impulsó una reforma que eliminó el concepto de “asignaciones” de la Constitución. Informes posteriores del Senado mantuvieron interpretaciones divergentes sobre su validez.

Desde la oposición, el diputado Henry Leal (UDI) acusó un intento de blindaje: “hoy día quiere que sea una ley permanente para que esto no tenga discusión nunca más, se quiere asegurar de por vida”.

Diego Schalper (RN) fue más duro: “Las asignaciones no tienen fundamento legal ni constitucional. O lo cambian o tendremos un conflicto que podría terminar incluso en el Tribunal Constitucional””.