La Ley Nain-Retamal volvió a la palestra luego de que el excarabinero Claudio Crespo fuese absuelto por la justicia, pese a que el tribunal llegó a la conclusión de que sí disparó contra Gustavo Gatica.

A grandes rasgos, la ley 21.560 fue aplicada de forma retroactiva en el caso de Crespo y toma su nombre por Eugenio Naín y Carlos Retamal, dos funcionarios de Carabineros de Chile asesinados en actos de servicio en 2020 y 2022, respectivamente.

Ambos casos generaron una fuerte conmoción pública y presionaron al sistema político para acelerar medidas de seguridad.

En ese sentido, la ley fue promulgada en abril de 2023, modificando varios cuerpos legales con el fin declarado de reforzar y proteger la función de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, las fuerzas armadas y otros servicios de seguridad en el ejercicio de sus funciones de orden público.

Uno de los cambios más comentados es la introducción de la llamada “legítima defensa privilegiada”. Esta normativa creó una presunción legal de que los funcionarios de seguridad que usen la fuerza en determinadas circunstancias lo hacen de forma justificada y, por tanto, habría menos obstáculos legales para que su actuación no sea considerada delito.

La ley también aumentó las penas por delitos cometidos contra funcionarios policiales y modificó disposiciones en el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras normas relacionadas con el orden público y seguridad interior.

Lo que advirtió la senadora Campillai

La senadora Fabiola Campillai fue una de las principales voces críticas durante la tramitación.

En la previa de su votación en el Senado, advirtió que la norma garantizaba ”la impunidad”. También cuestionó la rapidez del proceso legislativo. “Hoy nos enfrentamos a una ley express”, afirmó.

Asimismo, Campillai criticó que la iniciativa avanzara sin escuchar a expertos ni organismos internacionales. “Es impresentable que no se haya escuchado al alto comisionado de la ONU que quiso exponer y no se le permitió”, lamentó.

Además, recordó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda hacer un proceso participativo, el cual escuche a los expertos, a los académicos, a la gente, al pueblo y que se escuche a las víctimas”.

“Esta ley obstaculiza la investigación y la justicia en los casos de violaciones a derechos humanos”, advirtió.

Esta semana, tras el fallo a favor de Claudio Crespo, la senadora se sumó a otras voces del oficialismo y calificó a la Ley Nain-Retamal como “una ley maldita, que solo genera impunidad”.

“[El gobierno de Boric] llegó levantando las banderas de verdad y justicia; y hoy es el principal responsable de la impunidad que nos duele tanto”, agregó.

Críticas y advertencia de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional también advirtió en 2023 que la Ley Nain-Retamal podría aumentar los abusos policiales y la impunidad por estos crímenes.

Según la organización, la norma autorizaba potencialmente un uso desproporcionado de la fuerza, además de transgredir principios de necesidad y proporcionalidad. Más aún, sostenían que era incompatible con estándares internacionales de derechos humanos.

En ese escenario, recalcaron que avanzar en seguridad pública no debe vulnerar derechos humanos, y que otorgar una presunción legal en favor de las policías podría limitar garantías judiciales de las víctimas y elevar el riesgo de abusos si no se establecen límites claros y respeto por estándares internacionales.

Pese a sus advertencias, la ley terminó siendo aprobada.

Finalmente, consideren que, después del fallo de Crespo, el Presidente Boric aseguró que aún es “muy precipitado” atribuir el resultado de este fallo a la norma aprobada en 2023.

Además, aseguró que: “ninguna ley que ha apoyado este gobierno tiene una perspectiva de garantizar impunidad para quienes cometan crímenes, más aún tan aberrantes como el que se cometió contra Gustavo Gatica”.