La liberación por error del sicario Osmar Ferrer, imputado por el homicidio del conocido comerciante José Reyes Ossa, también llamado como “El Rey de Meiggs”, prendió la alarma en el sistema judicial chileno.

El sujeto, de nacionalidad venezolana, había sido formalizado por homicidio calificado, robo con intimidación y porte de armas, junto a otros dos imputados.

Pero tras su liberación errónea, Carabineros emitió una alerta interna para extremar precauciones ante cualquier contacto con Ferrer, quien está prófugo.

Aunque se decretó su prisión preventiva el miércoles 9 de julio, un error en su identificación derivó, tal y como establece La Tercera, en una cadena de órdenes contradictorias.

¿Cómo se concretó la liberación de Osmar Ferrer?

Miércoles 9 de julio:

Ese día, Osmar Ferrer fue formalizado por homicidio calificado, robo con intimidación y porte de armas.

La jueza Irene Rodríguez decretó prisión preventiva para él y dos imputados más.

• 20:17 horas

Se firma la orden de ingreso a prisión preventiva.

• Ocho minutos después (20:25 horas)

Se detecta un error en la identificación del imputado.

Se firma una segunda resolución que deja sin efecto la orden anterior.

• Tres minutos más tarde (20:28 horas)

El tribunal emite una tercera resolución, esta vez corregida, que vuelve a ordenar el ingreso a prisión de Ferrer.

Jueves 10 de julio:

El Poder Judicial asegura que envió las órdenes por correo electrónico a Gendarmería a las 12:11 y 14:13 horas.

Sin embargo, Gendarmería actúa en base a la segunda resolución (la que anulaba la prisión preventiva), al parecer sin recibir o registrar la tercera orden.

Ferrer fue liberado durante la tarde de ese jueves y se mantiene inubicable desde entonces.

Las repercusiones de la liberación por error

La jueza Irene Rodríguez, blanco de las críticas, se defendió asegurando que no hubo dolo ni corrupción. “Firmé las tres órdenes y se entregaron a Gendarmería”, afirmó.

Pese a ello, enfrenta un sumario administrativo por orden de la Corte de Apelaciones.

La gravedad del caso llevó al fiscal regional Marcos Pastén a encabezar una investigación penal, sin descartar nexos con el crimen organizado. Ya se incautaron documentos y equipos desde el tribunal.

En ese escenario, la presidenta de la Corte Suprema (S), Gloria Ana Chevesich, lideró una reunión de emergencia con el fiscal nacional y el ministro de Justicia, donde acordaron formar una mesa técnica para revisar y reforzar los procedimientos.

“Hay que marcar las causas que involucren crimen organizado y establecer dobles controles”, propuso Chevesich.

Desde Justicia, el ministro Jaime Gajardo reconoció la gravedad del caso: “Son hechos que no pueden ocurrir. Deben investigarse a fondo y establecer si hubo faltas o delitos”.

También anunció la conformación de un equipo interinstitucional para evitar futuros errores.