Todo ocurrió la noche del 27 de febrero de 2022 cuando un cliente de un local nocturno decidió pagar su cuenta con su tarjeta. Lo que no supo hasta la mañana siguiente es que había sido víctima de un cambiazo y que le habían devuelto una tarjeta de características similares pero con otro número y otro nombre.

Rápidamente el sujeto solicitó el bloqueo de la tarjeta y, además, formuló un reclamo contra el banco BCI para devolver la cifra de $1.107.169 pesos que se le habían sustraído a través de compras hechas con el instrumento bancario.

Amparado en la ley 20.009 —que regula y determina la responsabilidad en fraudes hechos con medios de pago—, el demandante parecía tener todas las de ganar: entregó todos los antecedentes necesarios, actuó con deber de diligencia al llamar apenas se enteró del fraude y, además, se recalcó la existencia de varios hechos, como intentos de transacciones fallidas y errores en el ingreso del PIN, que deberían haber activado las alarmas del banco.

Sin embargo, lo que no esperaba este cliente es que BCI presentaría ese mismo año una demanda en su contra, basados en una culpa grave o dolo en el uso de la tarjeta; básicamente, que el cliente no había hecho lo suficiente para cuidarse.

En primera instancia, el Juzgado de Policía Local de Lo Barnechea desestimó la demanda y dio la razón al cliente, argumentando que es deber del banco el adoptar medidas de seguridad adecuadas, cuestionando además la falta de reacción ante las transacciones más sospechosas.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión, señalando que fue al revés: que la culpa grave fue del cliente, quien no resguardó adecuadamente su tarjeta y clave de seguridad, e incluso habría hecho caso omiso a notificaciones enviadas por el banco durante las transacciones no reconocidas.

El juicio llegó hasta la Corte Suprema, quienes desestimaron la tesis de la defensa que acusaba de negligencia grave al banco. La corte concluyó que lo planteado corresponde a una diferencia en la forma en que los jueces evaluaron los hechos, especialmente respecto del nivel de cuidado que tuvo el cliente con su tarjeta.

Ahora la solución al caso es que el cliente tendrá que restituir la cantidad en disputa, con reajustes e intereses.