En el marco del Caso Audio, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago estableció las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para al ejecutivo de cobros de la Tesorería General de la República, Renato Robles Iturriaga y para el funcionario del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Dirección Regional Oriente del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías Esparza.

Ambos están siendo imputados por un delito de cohecho, en calidad de autores, en carácter de reiterado y en grado de desarrollo consumado.

Sobre estas cautelares, el fiscal Felipe Sepúlveda indicó que la solicitud se hizo “fundamentalmente para asegurar la comparecencia de los imputados a la actuación del procedimiento como necesidad de cautela respecto de los mismos”.

Los funcionarios, según el Ministerio Público, fueron las personas sobornadas y que entregaron información reservada a cambio de dádivas económicas en la trama conocida como caso Audio.

Modus operandi

De acuerdo a la fiscal Lorena Parra, la abogada Leonarda Villalobos acordó que ambos funcionarios públicos le entregaran información sensible con el objetivo de beneficiar a Factop.

“Contactó a funcionarios públicos pertenecientes a reparticiones cuyas actividades se relacionan de forma cotidiana y habitual con el desempeño profesional de esta, para ofrecerles y darles a aquellos beneficios económicos -sumas de dinero- a cambio de la entrega de información relevante de sus clientes o para derechamente, ejecutar ciertas acciones en dichas instituciones que favorecen los intereses de esta y de sus clientes”, explicó.

Mientras que Robles recibió un monto que llegó a $1.522.658 luego de once transacciones realizadas, el pago a Mejías ascendió a $13.544.577 tras 17.