La tensión política en torno al manejo fiscal del gobierno de Gabriel Boric escaló durante este martes luego de que sectores del oficialismo anunciaran una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Según consta en Radio BioBio, la ofensiva es impulsada principalmente por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano, quienes apuntan a las proyecciones de deuda pública elaboradas durante la administración anterior.

“A las 15 horas tendremos un punto de prensa en la sede del PNL, en que comunicaremos con nuestros parlamentarios el detalle de nuestra decisión de acusar constitucionalmente al ex ministro Grau”, dijo el líder libertario, Johannes Kaiser.

“Excelente noticia. Como republicanos vamos a seguir la misma ruta y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto. Las responsabilidades deben hacerse exigibles”, le respondío el jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno.

La polémica se originó después de que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusara inconsistencias en los cálculos fiscales contenidos en el último Informe de Finanzas Públicas elaborado bajo el gobierno de Boric.

Según Quiroz, las estimaciones realizadas por la administración anterior habrían subestimado la deuda pública proyectada entre 2026 y 2030 en alrededor de $10.500 millones dólares, equivalente a cerca de tres puntos del PIB.

El secretario de Estado además anunció una investigación administrativa interna para determinar eventuales responsabilidades por los cálculos cuestionados, mientras desde Hacienda recalcularon el déficit fiscal y las proyecciones de endeudamiento del país.

Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero aseguró recientemente que “hay responsabilidades políticas que tienen que hacerse valer”.

Nicolás Grau, por su parte, rechazó las acusaciones y defendió públicamente las cifras elaboradas durante su gestión.

El exministro sostuvo en su cuenta de la red social X que las proyecciones de deuda eran “consistentes” y aseguró que no existían errores de cálculo en los informes financieros cuestionados.

Tengan en cuenta que una eventual acusación constitucional enfrenta además una carrera contra el tiempo.

De acuerdo a la normativa vigente, los exministros solo pueden ser acusados dentro de los tres meses posteriores al término de sus funciones, plazo que en este caso vencería el próximo 11 de junio.