La exoficial de la Policía de Investigaciones (PDI), Danitza Araya, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando que el Ministerio de Seguridad Pública omitió aplicar un beneficio legal al fijar el grado con el que fue retirada de la institución producto de una invalidez derivada de un operativo durante el estallido social.

Cabe recordar que la otrora funcionaria policial quedó parapléjica tras ser atropellada y baleada el 21 de octubre de 2019, en un procedimiento calificado por la propia institución como realizado en “actos propios del servicio”, en un contexto de conmoción interna.

En octubre pasado, el Ministerio emitió el Decreto Exento N° 22, mediante el cual se dispuso su ascenso a subcomisaria y su retiro por invalidez del 60%.

Sin embargo, el recurso presentado por la defensa de Danitza Araya sostiene que la resolución no aplicó el artículo 129 del DFL N° 1, que permite computar 30 años de servicios a funcionarios que quedan inválidos en esas circunstancias.

Bajo esa normativa, sostienen, Araya debió ser ascendida al grado de prefecto inspector (Grado 5) y no al de subcomisaria (Grado 9).

¿Qué pide Danitza Araya?

El abogado de la exfuncionaria, Antonio Cordano, señaló a La Tercera que ella “cumple con todos los requisitos para estos beneficios: invalidez en actos del servicio, ocurrencia en circunstancias de conmoción interna y reconocimiento del jefe del servicio”

“La omisión de este reconocimiento es un acto ilegal que contraviene un mandato expreso y corresponde a una ilegalidad y arbitrariedad manifiesta”, agregó.

Así las cosas, el recurso de Araya solicita al tribunal lo siguiente:

• Corregir el grado: Reconocer a Araya en el grado de prefecto (Grado 5), con 30 años de servicio, retroactivo al 15 de octubre de 2021, fecha en que COMPIN fijó su invalidez.
• Regularizar pagos: Ordenar a la PDI, DIPRECA y al Ministerio de Seguridad Pública pagar retroactivamente remuneraciones, bonos, trienios, pensiones, desahucio y montepíos correspondientes al grado superior.
• Continuidad del tratamiento médico: Disponer que la PDI mantenga la cobertura de las atenciones médicas de la exfuncionaria.