El Primer Juzgado de Letras de Coyhaique acogió la demanda civil interpuesta en contra del Servicio de Salud Aysén y el Hospital Regional por los padres que recibieron a hijas recién nacidas cambiadas, en julio de 1980.

En el fallo, el magistrado José Briones Escobar condenó a los demandados por falta de servicio a pagar un total de $1.340.000.000 por concepto de daño moral, a las familias afectadas.

“Que el daño moral en estos autos ha quedado debidamente acreditado con la prueba rendida, toda vez que consta que los demandantes presentan secuelas emocionales, afectivas, adaptativas y sociales, materializado en un primer impacto al momento de cada uno enterarse que su realidad familiar se trastocaba, hasta el presente y futuro, toda vez que la pericia realizada da cuenta de efectos que perduran en el tiempo y que requieren de acuerdo a su sugerencia tratamiento psiquiátrico a fin de nivelar y bajar sus niveles de ansiedad, trastorno por estrés post traumático y depresión, tratamiento sicológico a fin de resignificar la problemática de intercambio y adquirir habilidades para aceptar, procesar y solucionar emocional, psicológica, cognitiva y funcionalmente el cómo la problemática que atraviesan los ha afectado como individuos y como familia”, sostiene el fallo.

“Con los antecedentes recién reseñados y los criterios tomados en cuenta para su determinación, se estima acertada la valoración de los mismos que formulan los actores en la demanda, la que se estima idónea para reparar íntegramente el mal causado, accediendo a ella en los mismos términos solicitados, sumas que deberán pagar solidariamente las demandadas, salvo la condena de reajustes e intereses desde la presentación de la demanda pues tratándose de una obligación declarada en esta sentencia, solo de allí les surge la obligación de pagar las sumas a las que han sido condenadas”, concluye.

Hay más casos

Esta sentencia se suma a una de 2020, cuando la justicia determinó que el Servicio de Salud de Aysén debía indemnizar con 1.150 millones de pesos a dos familias que, en 1993, recibieron a sus hijos recién nacidos intercambiados. Los afectados sólo enteraron en 2017, 24 años después.