Como “Operación Ángel Negro” fue denominada la investigación realizada por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Chillán que se prolongó por cerca de un año.

Gracias al trabajo de la PDI, se pudo acreditar la responsabilidad del padre de la víctima. Esto, tras un vuelco en la primera hipótesis trabajada por la policía.

Detalles del caso

Al respecto, la subcomisaria Daniela Concha Núñez detalló que “como primera línea investigativa, teníamos una denuncia de un padre por violación de su hija de 13 años y aborto de su nieto en gestación, clamando justicia, por cuanto ambos se encontraban en riesgo vital tras la ingesta de medicamentos”.

“El relato se sustentó con los testimonios de la familia, profesionales médicos y círculo íntimo que determinaban que estábamos frente a un relato real de un padre preocupado y de conducta intachable”, añadió la oficial.

Sin embargo, todo cambió al realizarse diversas diligencias y entrevistas.

“Nos dimos cuenta de una pequeña contradicción en los relatos del entonces denunciante y su familia, lo que alertó al equipo. Así se abrió otra arista investigativa”, complementó la policía.

Y fue esta segunda línea la que permitió da con la triste verdad: el padre de 38 años había violado y puesto en riesgo la vida de su hija al suministrarle alta dosis de medicamento abortivo.

El fiscal Álvaro Hermosilla Bustos, a cargo de la investigación, precisó que “en enero de 2024, el imputado ultrajó a la víctima en el hogar familiar. Producto de lo anterior, la niña quedó embarazada y, en junio de 2024, el imputado la obligó a tomar pastillas abortivas, provocando finalmente el nacimiento del bebé”.

Asimismo, el persecutor detalló que existieron dos dificultades a sortear en el juicio. La difícil pesquisa de testigos —al ocurrir los delitos en un ambiente de privacidad familiar— y el hecho de que los medicamentos que utilizó el acusado para provocar el aborto (que resultó fallido) eran de difícil identificación por parte de las pericias.

“Sin embargo, los profesionales que atendieron a la niña en los distintos establecimientos de salud pudieron, a partir de su sintomatología clínica, determinar el uso de tales medicamentos y acreditar su utilización ilegal”, aclaró Hermosilla.

Finalmente, la justicia determinó que el acusado del delito sexual tendrá que pasar 20 años tras las rejas.