Este pasado domingo 16 de noviembre quedará marcado en la memoria de Tyler Graf, estadounidense-chileno, quien fue arrebatado de su madre hace 38 años y adoptado ilegalmente en Estados Unidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En redes sociales se compartió el registro donde, con cédula de identidad en mano, partió a votar por primera vez en su país de origen, siendo el escenario la Escuela Miguel de Cervantes, en Santiago.

“Hoy se hará historia", señaló visiblemente emocionado el también fundador de Connecting Roots, organización que tiene como objetivo reunir a familias chilenas separadas por adopciones irregulares.

“Para que nunca más en Chile el Estado ampare el robo de recién nacidos”, enfatizó.

“Leí libros sobre estos temas en la escuela y hoy me di cuenta que soy la primera víctima de adopción forzada que regresa a Chile a ejercer este derecho y abrir el camino para muchos más. Me siento muy emocionado y orgulloso, y con la esperanza de que algún día otros lean sobre esto, y que se impulse aún más el cambio”, añadió.

Esta historia comenzó cuando a la madre de Tyler, Hilda Quezada, le informaron que su hijo prematuro murió. Tras eso fue adoptado por una familia en los Estados Unidos, donde formó una familia y trabajando como bombero.

Miles de casos

Este 2025, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar, dio un golpe clave en la investigación por la sustracción de menores y adopciones ilegales ocurridas en Chile entre las décadas de 1970 y 1990. Dictó el primer procesamiento del caso y, además, solicitó a la Corte Suprema la extradición desde Israel de la exjueza Ivonne Gutiérrez, una de las principales implicadas.

Aguilar también ordenó la prisión preventiva de otras cuatro personas, a quienes procesó por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Todos están vinculados a la adopción irregular de dos niños de San Fernando que fueron entregados a matrimonios extranjeros en los años ochenta. Según el fallo, los bebés se vendían en cerca de 50 mil dólares de la época.

Las pesquisas establecieron la existencia de una red operando en San Fernando desde 1982, integrada por abogados, sacerdotes, funcionarios de salud, miembros de organizaciones sociales y una jueza.

Su objetivo era buscar a madres vulnerables y quitarles a sus hijos bajo el pretexto de “protección temporal”, para luego entregarlos a parejas extranjeras previo pago. El grupo mantenía contacto con oficinas del Registro Civil, abogados y una guardería infantil en Santiago, operando de manera coordinada.

El fallo detalla que los involucrados recorrían poblaciones pobres en furgones, buscaban casas con piso de tierra y presionaban a las madres con amenazas de detención. Dos de las víctimas eran “madres niñas”. Una de ellas declaró que jamás autorizó la adopción y que sólo le informaron que su hijo había sido llevado a Estados Unidos.

El ministro Aguilar sostuvo que los delitos no están prescritos, al tratarse de crímenes de lesa humanidad cometidos en plena dictadura de Augusto Pinochet, consignó El País.

Las denuncias sobre estas adopciones irregulares estallaron públicamente en 2014 tras un reportaje de CIPER. El entonces ministro Mario Carroza abrió una investigación que hoy acumula más de mil causas. Se estima que podrían ser hasta 20 mil los niños involucrados, muchos de los cuales fueron adoptados en países como Suecia y Estados Unidos.