Una investigación policial reveló que una peluquería llamada KazualStylo, ubicada en el centro de Antofagasta, servía de fachada para una organización que movió miles de millones de pesos y sometió a mujeres, incluso menores de edad, a explotación sexual.

La dueña del local, Yeimar Gabriela Ereu Ramos, venezolana y madre de dos hijos, registró $781 millones en sus cuentas, pese a declarar mínimas ganancias ante el Servicio de Impuestos Internos.

Según explica un reportaje de Radio Biobío, mientras en el primer piso de la peluquería se ofrecían servicios de belleza, el Ministerio Público logró determinar que el segundo nivel funcionaba como centro de explotación sexual.

La PDI identificó cuatro clanes familiares liderados por mujeres, que operaron al menos seis locales en la ciudad y movieron $3.500 millones en cuatro años.

Un operativo realizado el pasado 14 de agosto permitió rescatar a 18 víctimas y desarticular varios prostíbulos, evidenciando un modus operandi de amenazas, deudas impuestas y cobros abusivos.

Entre los clanes, destacó el Grillo-Ubillo, dirigido por Luz Miriam Grillo (Dayana), con locales como el Café Dayana y la Casa Rosada.

Los testimonios revelaron casos dramáticos. Alexandra, menor de edad, fue vendida por 2 millones de pesos para comercializar su virginidad y presenció el asesinato de otra víctima. En tanto, Daniela, engañada con una oferta de trabajo, fue obligada a prostituirse hasta 20 veces al día.

La investigación determinó que Yeimar financiaba prostíbulos y realizaba préstamos con intereses de usura, con apoyo de su esposo Ángel García Caicedo.

Otros grupos implicados son el clan Luna, liderado por Rocío Jaimes Guerrero, y el clan Guerrero-Bello, encabezado por Luz Estela Guerrero (Katy), quien obtuvo $1.353 millones en cuatro años y regentaba la Residencia Para Amanecer.

En total, 22 personas fueron detenidas y 21 quedaron en prisión preventiva, imputadas por trata de personas, explotación sexual, lavado de activos y asociación criminal.

La Corte de Antofagasta confirmó las medidas cautelares y el Juzgado de Garantía fijó 100 días de investigación.