La pena de presidio perpetuo deberán cumplir los padres y el cuñado de una niña de 12 años que sufrió agresiones sexuales durante demasiado tiempo. La pequeña Montty Mailin Sandoval terminó fallecida en trágicas circunstancias.

Los hechos se remontan al 2021 en la localidad de Bulnes, región de Ñuble. Según pudo establecer la investigación, al menos desde ese año un padre comenzó a violar de manera reiterada a su propia hija, de entonces 9 años.

Lejos de evitar los ultrajes, la madre se concertaba con el sujeto para agredir a la niña y facilitaba las condiciones para ello. “Incluso, manipulaba a la víctima negándole la ocurrencia de las agresiones sexuales”, detalló el fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla.

Los ataques ocurrieron en el domicilio familiar y también en casa del cuñado de la niña. Éste, por su parte, aprovechaba que la niña se encontraba bajo su cuidado, junto a su pareja y hermana de la víctima, para también violar a la menor.

Los vejámenes se extendieron hasta 2023. En marzo de ese año la niña presentó un embarazo de 6 semanas, el que fue interrumpido bajo la Ley 21.030, por la causal de violación. 

Trágica muerte tras años de abusos

A sus 12 años, Montty pudo ser sacada de su hogar por el Juzgado de Familia de Bulnes y enviada al Hospital Regional de Chillán. Supuestamente allí le darían protección y atenderían su salud mental.

En ese lugar, el miércoles 26 de julio de 2023, Montty falleció tras caer, a través de una ventana, desde el quinto piso del edificio.

La investigación descartó un intento de quitarse la vida y Fiscalía apuntó más bien a un accidente provocado por negligencia de funcionarios del hospital. Cinco profesionales fueron formalizados por ese hecho.

A más de dos años de la trágica muerte de Montty, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó al padre, a la madre y al cuñado a presidio perpetuo simple por delito de violación reiterada y también lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.

La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, explicó que “se trató de un juicio complejo”, pues no había familiares que expusieran la situación de desamparo de la niña y solo pudieron recurrir a trabajadores sociales y psicólogos que “explicaron cómo la víctima asumía como una situación de normalidad estas agresiones permanentes de las que fue objeto”.