Molestia y preocupación existe entre los profesores del país por la decisión de la Contraloría General de la República que apunta directamente contra los paros que organiza el gremio.

A propósito de la paralización de dos días que convocó el Colegio de Profesores, este miércoles y jueves recién pasados, el organismo fiscalizador envió un oficio a las jefaturas que sorprendió a muchos: exigió saber cómo van a descontar del sueldo de los docentes aquellas dos jornadas no trabajadas.

El oficio fue dirigido a los Servicios Locales de Educación (SLEP) pero también correría para los municipios. Es más, algunas municipalidades ya se habrían acogido a la postura del ente contralor y estarían descontando días en paro a sus profesores.

Paros considerados “ilegales”

Para más detalle, el organismo dirigido por la contralora Dorothy Pérez respondió esta jornada a una consulta de un senador al respecto y en el escrito menciona que las paralizaciones de los profesores son “ilegales”.

“Toda paralización de actividades vulnera el artículo 19, N° 16, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, de conformidad con el cual no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades“, se lee en el documento.

Luego, e invocando un dictamen de febrero pasado, afirma que “la ausencia de los profesionales de la educación de sus labores, por adherir voluntariamente a una paralización ilegal de actividades, conlleva necesariamente el descuento en sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura ninguna causal que justifique su inasistencia”.

Hasta ahora, cada paro de profes ha contemplado un calendario de recuperación de aquellas clases no realizadas. Para Contraloría, eso no quita que se hagan los descuentos.

La recuperción de clases “tiene por finalidad dar cumplimiento a los respectivos planes de estudios” y “no puede entenderse como una causal de plena justificación de las inasistencias, que impida a la autoridad ordenar la rebaja de los estipendios pertinentes”.

Medida “antitrabajadores”

Para el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el dictamen es una “acción antitrabajadores y trabajadoras”, pues a su juicio la contralora indica “que toda movilización tiene que ser castigada” y pide un informe sobre “cómo se va a castigar a los profesores y profesoras por estar aquí (en el paro)”.

En diálogo con LUN, el dirigente acusó que “hay una operación bien sospechosa”, porque “justo el día antes de nuestra movilización, sale ese oficio dirigido a los SLEP. O sea, claramenteeso cumple un objetivo de amedrentamiento. Es una coincidencia que, para mí, no puede ser casual. Se podría calificar incluso como una práctica antisindical“.

Señaló, además, que “resulta altamente sospechoso que emita ese oficio y, acto seguido, la UDI salga exigiendo que se hagan los descuentos a los docentes. Ahí hay una colusión política que me parece bastante evidente. Claramente, con eso se está queriendo impedir el derecho a la manifestación, el derecho a huelga“.