Un nuevo proyecto de ley en el Senado, bautizado por sus críticos como “Ley Mordaza 2.0”, ha encendido las alertas sobre la libertad de expresión en Chile.

La iniciativa, impulsada por los senadores Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) Pedro Araya (PPD) y Alfonso de Urresti (PS) busca sancionar con penas de cárcel la divulgación de información reservada proveniente de investigaciones penales, incluso cuando sea difundida por periodistas.

¿De qué se trata la propuesta?

De acuerdo a un reportaje de La Tercera, la moción, actualmente en trámite bajo el boletín 17.484-07, ha sido presentada como una “moción de protección de antecedentes en proceso penal”.

Su objetivo declarado es sancionar penalmente la difusión de datos contenidos en causas judiciales que estén bajo secreto legal.

Lo anterior incluiría testimonios, chats, peritajes y otras diligencias, como las que actualmente se difunden en investigaciones de alto perfil que involucran corrupción o fraude al fisco, como sucede con ProCultura o el Caso Audio.

En términos prácticos, si esta norma estuviera vigente hoy, ningún medio de comunicación podría informar sobre estos casos, incluso si tienen un evidente interés público.

¿Por qué se llama “Ley Mordaza 2.0”?

El apodo no es casual ni nuevo. En 2016, tras los escándalos por los casos Penta y SQM, ya se había intentado aprobar una ley que no solo castigaba a los funcionarios que filtraran antecedentes judiciales, sino también a quienes los publicaran.

Esa iniciativa fue ampliamente rechazada y nunca llegó a convertirse en ley. Y fue a esa iniciativa a la que se le llamó “Ley Mordaza”, lo que explica el nombre que se le da al nuevo proyecto.

¿Cuál es el punto más controversial?

Una preocupación central está en la redacción del nuevo artículo 226 J del Código Procesal Penal.

El nuevo texto establece sanciones de presidio (entre 541 días y 5 años) a “el que” divulgue antecedentes de investigaciones en secreto.

Como el texto no especifica si se trata de funcionarios públicos o terceros, cualquier persona podría ser sancionada, incluyendo periodistas o ciudadanos. Hasta en redes sociales.

Más adelante en el documento, se aclara que también se castigará a fiscales, policías, jueces o testigos, pero el hecho de que no se excluya expresamente a la prensa ha generado críticas que apuntan a un intento de criminalizar el ejercicio periodístico.

¿Cuál es la justificación del proyecto?

Los senadores responsables argumentan que la transparencia del sistema penal ha derivado en filtraciones con fines políticos o de desprestigio personal, lo que pondría en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la intimidad de víctimas o testigos. Afirman que muchas veces las filtraciones se hacen antes de que los antecedentes sean evaluados por un tribunal.

Como respaldo, mencionan el caso de Giséle Pelicot en el extranjero, donde, pese al interés público sobre los abusos impulsados por su esposo, no se produjeron filtraciones. Sin embargo, expertos chilenos han cuestionado la comparación, afirmando que en ese caso sí hubo cobertura mediática completa y que la normativa referida no apuntaba a sancionar a los periodistas.

¿Quienes están en contra?

Al Colegio de Periodistas también se sumaron candidatos presidenciales como Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Jaime Mulet, Carolina Tohá y Jeannette Jara; todos quienes cuestionaron el proyecto y los alcances que tendría para la libertad de expresión.

Asimismo, especialistas puntualizan que algunos de los artículos de la iniciativa no pueden ser aprobados por temas constitucionales.

¿En qué estado está el proyecto?

La Comisión de Constitución del Senado le ha dado una tramitación rápida, pero el proyecto aún no ha sido votado en sala.