Duras reacciones entre políticos ha generado la revelación sobre las 56 rebajas de condena que ha otorgado el Gobierno a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

De acuerdo al medio Interferencia.cl, desde el día en que asumió el Presidente José Antonio Kast, el pasado 11 de marzo, y hasta el 13 de septiembre, el Ministerio de Justicia ha dictado 56 decretos que rebajan penas a delincuentes que han agredido sexualmente a niños.

De ellos, 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 por delito de violación, según informó la Subsecretaría de Justicia al citado portal, por medio de una solicitud de transparencia.

Se trata de beneficios otorgados directamente por el Ministerio, sin pasar por la tramitación de recursos ante tribunales. La ley permite a la cartera revisar las solicitudes que le envían desde Gendarmería y otorgar las rebajas si cumplen los requisitos.

Una actualización de la norma en 2022 excluía a condenados por delitos sexuales contra menores pero, según supo el citado medio, en el Ministerio tendrían “una discusión judicial” sobre si esa exclusión es o no retroactiva.

Reacciones

Las rebajas de condenas sacaron ronchas entre políticos, incluso del oficialismo.

La diputada Ana María Gazmuri (FA) lanzó: “¿Pero qué tienen en la cabeza? ¡Cómo se les alcanza a ocurrir tamaña brutalidad! El abuso sexual y la violación son de los más graves delitos. ¿Cómo se explica este sinsentido?“.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) advirtió: “Todavía no lo puedo creer. Me parece extremadamente grave. Esto es un indulto parcial. O sea, si esa información se corrobora, estamos indultando a violadores y abusadores de niños”.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), aseguró que los condenados por estos delitos desde 2022 en adelante, no pueden optar al beneficio. Si pueden hacerlo quienes fueron sentenciados antes de esa fecha y que si el Gobierno se los niega, recurren a tribunales.

Explicó que el Gobierno estaría argumentando “economía procesal”: “Lo que nos ha explicado el ministro es que hoy día, por economía procesal, en definitiva han evitado el paso por el Poder Judicial y han citado estos fallos para poder aplicar la rebaja de condena”.

Guzmán cuestionó la decisión: “Yo hubiese esperado que pasen por la Corte y que sea la Corte la que en razón de principio jurídico ordenara aplicar la rebaja de sanción sin evitar este paso. Yo creo que cuando lo hacemos más eficiente, en la práctica estamos beneficiando a una persona que ha sido condenada por delitos gravísimos y yo creo que eso no debió haber ocurrido”.