Luego de extensas horas de intenso debate, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara despacharon el proyecto que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para Carabineros y las Fuerzas Armadas.

Entre las normas, los integrantes aprobaron la polémica indicación de la derecha que trae de regreso la justicia militar para los casos en que uniformados cometan algún delito durante sus labores de orden público.

La moción fue visada por 14 votos a favor y 12 en contra y sostiene que durante los estados de excepción, la protección de infraestructura crítica, el resguardo de fronteras y en los actos electorales y plebiscitarios, los delitos imputados a militares, en cumplimiento de sus labores, serán siempre conocidos por los tribunales militares.

Señala, además, que “en ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenidos en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”.

Por “desconfianza” hacia jueces y fiscales

Durante el debate, el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, manifestó el principal argumento para este retorno de los tribunales militares: la desconfianza hacia “jueces y fiscales activistas” que, a su juicio, “de forma arbitraria y hostil han perseguido injustamente y de forma sistemática a nuestros uniformados”.

Para su compañero de partido, el diputado Luis Sánchez, se trata de un “acto de justicia” para “ponerle fin al trato infame que militares y carabineros han recibido”, cuando enfrentan la justicia.

Desde el Gobierno anunciaron que intentarán frenar la indicación, incluso recurriendo al Tribunal Constitucional.

En tanto, en el oficialismo están alarmados. El diputado Gonzalo Winter (CS) lo calificó como “un acto de profunda insensatez” y que “socava a las instituciones”.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz (PC) manifestó que es un “retroceso vergonzoso a las épocas dictatoriales en que la justicia militar fue, entre otras cosas turbias una herramienta de salvataje de las asociaciones ilícitas de terrorismo de estado”.