Revelan antecedente de la Subse de Prevención del Delito: defendió a miembros de peligrosa banda delictual
Antes de asumir el cargo, la abogada representó a dos integrantes de la banda de crimen organizado “Los Emprendedores”.
Un nuevo flanco se le abriría al Gobierno y su Ministerio de Seguridad. La Subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, fue defensora de imputados por crimen organizado.
Antes de imaginarse que llegaría al Gobierno de José Antonio Kast, Quintana fue fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur hasta 2023. Desde ese año pasó a ejercer como abogada particular.
Según reveló Meganoticias, en esa calidad apareció como defensora de dos integrantes de la banda de crimen organizado conocida como “Los Emprendedores” y que fue desarticulada el año pasado por la PDI.
El grupo se dedicaba a portonazos, encerronas, extorsión, lavado de activos y una serie de delitos asociados a los robos. La banda se hizo aún más conocida cuando apareció entre los detenidos la pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda.
De acuerdo al reportaje, la hoy subsecretaria representó en tribunales, en específico, a dos integrantes de uno de los grupos que componían la banda: el Clan Chago, que se dedicaba particularmente al robo de maquinaria pesada.
Consultada al respecto, la subsecretaria Quintana aseguró que su participación en la causa “fue exclusivamente circunstancial, limitada y de carácter estrictamente excepcional”. Afirmó que reemplazó a un colega “para solicitar la postergación de una audiencia a la que él no podía asistir”.
“No mantuve ningún otro vínculo, participación o involucramiento con ese juicio, sus partes o sus antecedentes”, manifestó.
Logró liberar a extranjero detenido con arma
El reportaje reveló otra causa en la que Quintana defendió a un detenido por porte de un arma de fuego y logró su liberación.
Según los antecedentes, el extranjero fue allanado en su domicilio por la PDI y al verse acorralado lanzó la pistola hacia la ventana.
La Fiscalía pedía 8 años, pero la abogada alegó que el operativo “adolece de ilegalidad”, porque se habrían vulnerado garantías. Pidió absolver a su defendido y el tribunal se lo otorgó.
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