Una nueva controversia remece por estos días a Trinidad Steinert, la ministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast.

Así lo dio a conocer el sitio Reportea, quien abordó el caso Cajas de alimentos, uno de los hechos de corrupción más bullados en Tarapacá, y tras el cual fueron absueltos todos los acusados que llegaron a juicio. Según el reportaje, quién debía definir la estrategia era Steinert, la entonces Fiscal Regional.

Pero vamos por parte. La causa se inició el año 2020, cuando la Contraloría detectó sobreprecios por $514 millones en la compra de más de 45.000 cajas de alimentos para repartir a la población durante la pandemia por el Covid-19.

De acuerdo a los antecedentes que se manejan, el encargado de la compra fue el entonces intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, militante de la UDI y un cuadro político cercano a quien ejercía como senadora del mismo partido en la región, Luz Ebensperger.

Según Reportea, “buena parte del aparato regional de ese partido, y también de RN, quedó comprometido por la investigación penal, incluidos algunos proveedores de sus campañas electorales”.

Sin embargo, todo quedó en nada luego de cinco años de investigación, lo que significó un duro golpe para el Ministerio Público, pues el tribunal absolvió a los ocho principales acusados, entre ellos el ex intendente Quezada. Eso sí, todavía tenían un mes de plazo para que la fiscalía y los querellantes presentaran recursos para revertir la decisión.

De acuerdo a la información que accedió el citado medio, que tomó contacto con fuentes de la fiscalía de Tarapacá, a inicios de noviembre el escrito con el que buscarían la nulidad del veredicto estaba elaborado. De hecho, el plan era recurrir a la Corte de Apelaciones de Iquique para dar vuelta el resultado y condenar a los acusados.

Así nomás, pues sin ir más lejos, luego de cinco años de indagatorias, el equipo de fiscales a cargo había recabado pruebas que evidenciaban que para la compra de las cajas se eligieron empresas a dedo, se incluyeron firmas que no estaban habilitadas para contratar con el Estado (utilizando a prestanombres), y que entre las empresas que ejecutaron los contratos había proveedores de campañas electorales de la UDI y RN.

No apeló

Y ahora, la Fiscalía Regional de Tarapacá, según Reportea, confirmó que la decisión de no acudir a la Corte de Apelaciones fue de Steinert.

“La decisión de no recurrir en contra de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, en el denominado caso ‘cajas de alimentos’, fue adoptada por la máxima autoridad de la Fiscalía Regional de la época, quien concluyó (luego del respectivo análisis de la sentencia en cuestión) que no existía fundamento para recurrir teniendo presente que el recurso de nulidad procede frente a causales específicas que no se vislumbraban”, indicaron a través de una respuesta por escrito.

Además, indicaron que la actual secretaria de Estado les avisó de su decisión, pero que no les consultó, y también sostienen que habían elementos para recurrir de nulidad ante la corte. En todo caso, las fiscalías regionales pueden tomar esas decisiones con autonomía.

En ese mismo sentido, en Tarapacá por estos días miran con cierta sospecha la decisión de Steinert. Las dudas surgieron tras su renuncia al Ministerio Público para asumir como ministra de Seguridad en el gobierno de Kast, poco después de definir no seguir litigando una causa que apuntaba a dirigentes políticos del actual oficialismo.

Por otro lado, el medio antes indicado revela que tomó contacto con la ministra, pero ésta declinó referirse al tema.

Eso sí, desde su círculo más cercano apuntan a que “resulta importante no confundir decisiones estrictamente judiciales, adoptadas sobre la base de antecedentes y revisadas por tribunales de la República, con interpretaciones de carácter político que no tienen sustento en el proceso”.