El pasado 27 de enero, el ministro Juan Carlos Muñoz firmó digitalmente la autorización para la concesión del cable submarino de China Mobile International.

Sin embargo, dos días después, y según reveló El Mercurio, el decreto fue dejado sin efecto.

Radio Bio Bío posteriormente reveló que todo se debió a una advertencia proveniente de Estados Unidos.

La iniciativa buscaba unir Valparaíso con Hong Kong mediante un cable submarino, bajo una concesión de 30 años renovables para operar servicios intermedios de telecomunicaciones.

En ese sentido, el proyecto pasó su su tramitación técnica inicial en poco más de dos meses, incluyendo la revisión de los reparos presentados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Luego, con la recomendación técnica favorable de la Subtel, el decreto quedó listo. Sin embargo, aunque contaba con la firma ministerial, nunca fue enviado a la Contraloría para la toma de razón.

El aviso desde Washington

De acuerdo a los nuevos reportes, horas después de la firma de Muñoz, emisarios estadounidenses sostuvieron una reunión en Santiago con Guillermo Petersen, jefe de gabinete del subsecretario Claudio Araya.

En ese encuentro, los representantes norteamericanos habrían alertado de forma confidencial sobre los supuestos riesgos del proyecto, los que estarían basados en “antecedentes reservados”. Esto incluiría eventuales hackeos vinculados a China que habrían afectado a empresas chilenas.

Tras recibir la información, el ministro Muñoz decidió frenar la tramitación y pidió informes al Estado Mayor Conjunto, la Agencia Nacional de Inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad para evaluar el alcance de la advertencia.

El ministro también informó al Presidente Gabriel Boric, quien luego respaldó la decisión de no avanzar hasta tener “absoluta claridad sobre el alcance” de las alarmas encendidas desde Washington.

El 29 de enero, la autorización ya estaba anulada. Días después, Muñoz sostuvo una reunión con el embajador Brandon Judd, quien transmitió directamente la preocupación de la administración de Donald Trump e incluso deslizó la posibilidad de sanciones.

De ahí que el Departamento de Estado anunció el 20 de febrero la ya conocida revocación de visas a Muñoz, Araya y Petersen. Esa vez, aseguraron que el “legado del Gobierno de Gabriel Boric se verá aún más empañado” por este tipo de acciones.