Dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron interrogados en calidad de imputados, en el marco de la desaparición de María Elcira Contreras.

De acuerdo a 24 Horas, hasta ahora se sabe de tres personas que tienen calidad de imputadas en la investigación, dos son PDI y la otra es la dueña del fundo donde desapareció la adulta mayor, Mónica Kleinert.

Respecto de los funcionarios policiales, un reporte del citado noticiero señaló que se trata de un comisario y un inspector que fueron citados a declarar en los últimos meses de 2025 ante la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache.

A ellos se les interrogó a consecuencia de otros testimonios que acusaban anomalías en la cadena de custodia de las grabaciones de cámaras de seguridad del fundo en cuestión.

Una funcionaria de Fiscalía de Limache, comuna donde ocurrió todo, declaró que en julio de 2024, semanas después de la desaparición, uno de aquellos policías se le acercó para entregarle una cadena de custodia del caso. Era un aparato rotulado como “grabaciones de las cámaras de vigilancia del fundo”.

Explicó que el funcionario portaba también un disco duro, “el cual almacenaba los archivos de los cuales tenía que hacer entrega”. Ella le advirtió que debía entregarle ese disco, pero él se negaba, argumentando que lo ocuparían en la unidad policial.

Ella le insistió: “Oye, esto es una causa mediática”, le dijo. Entonces, le sugirió extraer inmediatamente la información al computador de su oficina y él accedió.

La perito de video, Nadia Mansilla, citada por 24 Horas, acusó que el funcionario no señaló cuántas horas de grabación tenía y al revisar, ella detectó que la cadena no tenía 24 horas de grabación, sino que 6.

Otro investigador particular, consultado por el canal, advirtió que la extracción o copia de los videos a un computador ajeno al dispositivo, “constituye una falla crítica en esta cadena de custodia”.

Nieta de María Elcira apunta a la PDI

Carla Hernández, nieta de María Elcira, puso una alerta y contó otros antecedentes que ella maneja.

“No es justo que la Bicrim Limache aún tenga a cargo la investigación de mi abuela siendo que hay dos PDI que están imputados por el delito de falsificación de documento público y obstrucción a la investigación”, señaló la joven abogada.

Asimismo, Carla planteó que “ellos aseveran haber recibido evidencia, lo cual consta en un instrumento público que también firma Mónica Kleinert (dueña del fundo Las Tórtolas, lugar donde desapareció su abuela)”.

“En definitiva, se ‘entregan’ 24 horas de grabación, pero estas jamás llegaron al Ministerio Público y luego se borraron del DVR del fundo. ¿Negligencia o dolo de parte de los involucrados?“, agregó.