Un oficio fechado el 10 de febrero obligó al Servicio Agrícola y Ganadero a preparar un informe detallado para la Contraloría General de la República. El ente fiscalizador pidió justificar diferencias salariales detectadas en la contratación de una periodista del Departamento de Comunicaciones.

De acuerdo a Radio Biobío, la revisión se originó tras una solicitud parlamentaria que llevó a la División de Función Pública a analizar la cronología contractual de Leslie Salamanca Donoso, quien ingresó al servicio el 17 de agosto de 2023.

Su llegada coincidió con la reciente asunción de José Guajardo Reyes como director nacional. Ambos habían trabajado previamente cuando él encabezaba la Subsecretaría de Agricultura.

El primer vínculo laboral se concretó bajo el Código del Trabajo, con una remuneración de $2,5 millones brutos mensuales, asimilada a grado 16. Esa modalidad se extendió hasta febrero de 2024.

En julio de ese año se produjo un punto de inflexión. Tras una renuncia formal, Salamanca pasó a calidad “a contrata”, con funciones homologadas a grado 5 de la planta profesional. Ese ajuste impactó directamente en su salario.

Las cifras de septiembre y octubre de 2024 muestran el salto: $5.748.819 brutos más $690.678 por bono incentivo, totalizando $6.439.497 mensuales. En el mismo periodo, la jefa del Departamento de Comunicaciones percibió $5.950.272 en total.

En noviembre de 2024 el servicio renovó el contrato de la periodista por todo 2025, pero la decisión fue revertida semanas después. El 1 de diciembre presentó una nueva renuncia y volvió a ser contratada bajo el Código del Trabajo, esta vez por poco más de $4,5 millones brutos por 44 horas semanales.

Para la Contraloría, el punto crítico es determinar qué circunstancias justificaron las distintas remuneraciones y por qué las tareas asignadas no podían ser cubiertas por personal de planta.

El SAG dispone de 20 días desde la notificación para responder. Con esos antecedentes, el organismo contralor definirá eventuales acciones posteriores.

En cualquier escenario, no se prevén sumarios administrativos contra los involucrados. Guajardo dejó la dirección en octubre de 2025 tras pedírsele la renuncia, y Salamanca salió del servicio al día siguiente.