El Senado dio un respaldo amplio al proyecto que busca erradicar el uso de celulares durante las clases en todos los niveles escolares, permitiendo que la iniciativa continúe su ruta legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según consta en Radio Biobío, la votación confirmó la ampliación del veto a educación parvularia, básica y media, y también precisó en qué circunstancias los dispositivos podrán utilizarse por razones médicas, de seguridad o actividades pedagógicas puntuales.

La aplicación de la medida comenzará con el año escolar 2026, fecha desde la cual regirá la prohibición en los establecimientos educacionales del país.

El senador Gustavo Sanhueza, quien encabeza la Comisión de Educación, señaló que la propuesta reúne siete mociones unificadas y que incorpora un marco de deberes y derechos para toda la comunidad educativa.

En este esquema, los padres y apoderados deberán monitorear el uso de teléfonos fuera del colegio y enfrentar eventuales consecuencias en caso de un uso inadecuado de sus hijos e hijas.

A nivel institucional, el sistema escolar deberá reforzar la enseñanza sobre manejo responsable de tecnologías digitales, especialmente en ámbitos informativos y de comunicación.

Las excepciones que establece el proyecto

El proyecto establece la prohibición del uso de dispositivos móviles durante actividades curriculares dentro de la sala de clases, aplicable a estudiantes y también al resto de la comunidad educativa, salvo excepciones como:

– Necesidades educativas especiales que requieran el dispositivo como herramienta técnica.

– Situaciones de emergencia, desastre o catástrofe.

– Condiciones médicas diagnosticadas que requieran monitoreo mediante dispositivos móviles.

– Uso pedagógico cuando la actividad curricular lo justifique.

– Solicitudes temporales y fundadas de padres o apoderados por razones de seguridad del estudiante.

Para la enseñanza media, la norma permite que cada establecimiento determine zonas o momentos acotados donde el uso de celulares pueda autorizarse, bajo criterios de autonomía progresiva.

Los colegios tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos y adecuarlos a los estándares fijados en la ley.

El Ministerio de Educación deberá presentar en marzo de 2030 una evaluación completa del impacto de la política, con indicadores de convivencia, aprendizaje y bienestar socioemocional.