La rendición de gastos de campaña de Macarena Santelices, ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana y figura del Partido Republicano, fue completamente invalidada por el Servicio Electoral (Servel), lo que implica la pérdida del reembolso por $740 millones que había solicitado.

De acuerdo a información de Ciper, el organismo cuestionó diversos pagos que no pudieron ser debidamente acreditados, entre ellos una factura de $160 millones emitida por The 975 SpA, empresa vinculada al círculo familiar de la exalcaldesa de Olmué.

La firma pertenece a Felipe Costabal, socio del esposo de Santelices, y según los antecedentes del caso, el documento tributario fue anulado, lo que impidió justificar el uso de fondos públicos.

La resolución del Servel se basó en que ese gasto específico representaba más del 20% del total declarado. Bajo las nuevas normativas implementadas en 2024, toda la contabilidad de campaña queda rechazada.

Además, el administrador electoral de la campaña, el abogado Carlos Montalva, fue observado por contratar a su propia sociedad jurídica, Abogados Montalva Limitada, para realizar tareas asociadas a la gestión electoral. El Servel consideró que esto vulnera la norma que exige que ese rol lo desempeñe una persona natural, sin delegaciones.

Los problemas de Santelices

Este tipo de conflictos administrativos se enmarcan en los cambios introducidos por el Servel para la elección pasada, entre ellos el establecimiento de un tope de $13 millones para el pago a administradores de campaña y la obligación de presentar las rendiciones antes de conocer los resultados electorales, para evitar manipulaciones posteriores.

En el caso de Santelices, los más de 415 mil votos obtenidos le habrían permitido acceder a un reembolso cercano a los $498 millones.

Sin embargo, los gastos presentados superaban con creces ese monto y algunos proveedores fueron notificados por el equipo de campaña de que no podrían recibir pagos al no haber fondos disponibles del sistema público.

Tras el rechazo, Montalva presentó un recurso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), defendiendo que la inclusión de la cuestionada factura fue obligatoria bajo la actual legislación, y advirtió que la sanción aplicada tiene consecuencias económicas desproporcionadas.

También alegó que la sociedad jurídica contratada no reemplazó sus funciones, sino que prestó apoyo logístico y contable.

En ese sentido, plantean que la prestación de servicios fue real y que los montos cobrados están dentro de los estándares de mercado, aunque reconocen la dificultad de cumplir con las nuevas exigencias normativas.

Este caso se suma a otras controversias recientes por rendiciones, como la del gobernador Claudio Orrego, que fue objetada por exceder el límite de pago permitido a su administrador.