El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal contra el empresario gastronómico Óscar Martínez Catalán, a quien acusa de defraudar al fisco por más de $1.400 millones.

Según la acción judicial, los hechos se ejecutaron principalmente mediante la emisión de facturas falsas y la ocultación de ingresos generados por locales de comida rápida en Rancagua.

De acuerdo a información de Radio Biobío, la investigación del SII sostiene que Martínez estructuró una compleja red de sociedades para cometer cinco delitos tributarios en la región de O’Higgins.

Al centro del caso está la cadena de restaurantes de comida rápida “El Chaday”, especializado en sánguches y chorrillanas, perteneciente a Servicios Gastronómicos Chaday SpA, sociedad en la que Martínez figuraba como representante legal y único accionista.

Millones defraudados por el dueño de El Chaday

La investigación indica que entre 2021 y 2023 la empresa realizó ventas masivas sin emitir boletas, lo que permitió ocultar ingresos superiores a $1.200 millones.

Parte de esos fondos ingresó a cuentas de la sociedad, mientras que más de $1.000 millones fueron depositados directamente en cuentas personales del empresario desde plataformas de pago digital.

La querella también detalla el uso indebido de un beneficio de la Ley de IVA para facturas incobrables, pese a que la empresa no tenía clientes en procesos de quiebra.

Esa maniobra permitió neutralizar una carga tributaria cercana a los $490 millones, pagando solo $2 millones en impuestos, según el libelo.

Además, Martínez evadió el Impuesto de Primera Categoría mediante declaraciones incompletas y la omisión total de rentas en varios años tributarios.

El perjuicio fiscal por este concepto supera los $307 millones, de acuerdo con los cálculos del organismo fiscalizador.

La investigación detectó también la emisión de 171 facturas ideológicamente falsas a través de distintas sociedades relacionadas al empresario.

Varias de estas empresas carecían de personal, activos o capacidad operativa, lo que reforzó la tesis de que se trataba de entidades de fachada.

Como persona natural, Martínez tampoco declaró ingresos recibidos en sus cuentas personales, omitiendo el pago del Impuesto Global Complementario.

Solo por este último delito, el perjuicio fiscal asciende a $529 millones, según el detalle incluido en la querella.

El subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, señaló que se trata de una conducta reiterada que “generó un perjuicio fiscal superior a los $1.400 millones” y, por ello, buscan recuperar el dinero defraudado y que exista una sanción penal ejemplificadora en contra de Martínez.

Consideren que esta no es la primera vez que el empresario aparece vinculado a ilícitos, ya que en 2024 fue mencionado en la causa por sobornos al exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy.